El gobierno británico se declaró decidido el martes a revisar disposiciones del acuerdo de «brexit», en vigor desde enero, reconociendo que representa una violación «específica y limitada» del derecho internacional, en un momento crítico en que intenta cerrar tratados comerciales con la UE y Estados Unidos.
El Reino Unido inició el martes la octava y cuarta ronda, respectivamente, de negociaciones comerciales con Bruselas y Washington, con el objetivo cada vez más difícil de alcanzar acuerdos antes de finales de año.
El primer ministro, Boris Johnson, amenazó la víspera con abandonar la negociación europea si esta no da resultado a mediados de octubre, lo que desembocaría en una brutal salida británica de la Unión Europea (UE) cuando el periodo de transición posbrexit toque su fin el 31 de diciembre.
Y en previsión de que eso ocurra, el miércoles presentará a la Cámara de los Comunes un proyecto de ley que modifica las disposiciones recogidas en el Acuerdo de Retirada, un tratado internacional en vigor desde el 31 de enero, en lo relativo a la provincia británica de Irlanda del Norte.
Vuelve así al parlamento de Westminster el viejo problema imposible del Brexit: cómo mantener las reglas del mercado común europeo para Irlanda del Norte, con el objetivo de no imponer una frontera con la vecina República de Irlanda, sin separarla administrativamente del resto del país.
La repercución fronteriza para las Irlandas
«Diría que sí, que viola el derecho internacional de una manera específica y limitada», declaró ante el parlamento el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, en referencia a una legislación que el ejecutivo presentará el miércoles a los diputados.
El gobierno de Johnson afirma que no pretende anular las disposiciones del acuerdo de Brexit destinadas a garantizar que no se reimponga una frontera entre Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda, sino solo armonizarlas con la ley británica para proteger los intereses de los norirlandeses por si no se alcanza un acuerdo comercial con la Unión Europea.
«Las cláusulas que estarán en el proyecto de ley mañana son específicas por si hay un fracaso (en la estancada negociación comercial) para garantizar que somos capaces de cumplir nuestros compromisos con el pueblo norirlandés», dijo.
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