La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el caso Monsalve y los cuestionamientos que persisten hacia el Ejecutivo por no haber desvinculado al subsecretario de forma inmediata, al conocerse la denuncia que estaba ingresada en su contra, el martes 15 de octubre.
En conversación con Radio Cooperativa, la portavoz de La Moneda descartó una demora en la determinación del gobierno. «Siempre hay un proceso de evaluación y eso se dio en un plazo bastante acotado, y las decisiones que se tenían que tomar en el marco institucional y legal, se tomaron».
«Pueden haber distintas opiniones. Usted puede interpretar que fue muy largo ¿No? Pero las decisiones se tomaron y se tomaron, dentro de todo, en un plazo de no más de un día y medio», apuntó. Consultada respecto a si cree en la denunciante de Manuel Monsalve, o si considera que una denuncia no significa culpabilidad como dijo el Presidente Gabriel Boric en primera instancia, Vallejo indicó que «es la que lo determina, pero obviamente el relato es coherente y es verosímil».
«Aquí lo importante tampoco es poner en el centro de la opinología si uno cree o no cree. Al final es la justicia la que tiene que actuar, y siempre, obviamente, hay que pensar en el resguardo, en las garantías para las víctimas de no revictimización, porque eso es lo que exige además la ley». Dicho eso, señaló que «nosotros, y lo dijo el Presidente, como gobierno no nos corresponde poner en duda y más bien le creemos, aunque la justicia es la que tiene que determinar, efectivamente, el delito denunciado».
Además, la ministra fue requerida por el último episodio de narco-funeral y la diferencia que marcaría la nueva legislación que está empujando el gobierno, ante lo que replicó: «pone restricción, evidentemente, a la realización de narcos funerales.
Restricciones que son mayores respecto a cualquier ciudadano común». «Por eso es tan importante, como les decía anteriormente, que el Parlamento, independientemente de las polémicas, independientemente de las diferencias o de las crisis coyunturales, pueda hacer avanzar la acción en la legislativa en materia de seguridad», añadió.
Y advirtió que «si tenemos un ministerio del Interior que es permanentemente golpeado por los sectores de la oposición, permanentemente convocado a sesiones especiales o a acusaciones constitucionales, etc., difícilmente puede estar liderando esta ley que busca justamente resolver problemas que son cotidianos de la gente».
