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Las claves del debate por retiro de fondos de las AFP: Qué proyectos discute el Congreso y las posturas que se han tomado

Por Patricia Rodriguez
julio 7 de 2020
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Las claves del debate por retiro de fondos de las AFP: Qué proyectos discute el Congreso y las posturas que se han tomado
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Son dos los proyectos que están siendo discutidos en forma paralela por el Senado y la Cámara de Diputados que contemplan una reforma constitucional para permitir que las personas puedan retirar de forma excepcional parte de sus fondos de pensiones, y así dar un apoyo extra a las familias para que puedan hacer frente a la pandemia.

La idea, rechazada por el Gobierno, mantiene, al menos a los diputados de oposición, alineados para sacarla adelante -incluso parlamentarios oficialistas se han mostrado a favor-, junto con contar con un amplio apoyo ciudadano, según algunas encuestas. Desde la perspectiva de los economistas, en tanto, el consenso general estaría más apegado a la visión del Ejecutivo, apuntando que no sería una buena iniciativa por, principalmente, el perjuicio que esto generaría al sistema previsional y futuras pensiones.

Respecto a la iniciativa en la Cámara Baja -la cual fusionó varios proyectos que apuntaban al mismo objetivo-, esta fue aprobada ayer por la comisión de Constitución por 7 votos a favor y 6 en contra, y será discutida este miércoles en Sala, la cual necesitará un alto quórum de 3/5 (93 votos) para seguir avanzando, por tratarse de una reforma constitucional.

Aquello, busca autorizar, por única vez, a los afiliados del sistema de AFP retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF (alrededor de $4 millones 300 mil) y un mínimo de 35 UF (alrededor de $1 millón).

En el caso de que ese 10% sea inferior a 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto, mientras que en el evento de que el total de los fondos acumulados sea inferior a 35 UF, la persona podrá sacar la totalidad de sus ahorros previsionales.

La entrega de estos fondos, según contempla el proyecto impulsado por diputados de oposición, se hará a través de dos cuotas: un 50% entregado en un plazo máximo de 10 días hábiles tras presentada la solicitud ante la respectiva AFP, y la otra mitad en un plazo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.

La iniciativa también contempla un mecanismo para que estos montos puedan ser restituidos, con el objetivo paliar el perjuicio que aquello podría generar en las pensiones de los afiliados que incurran en estos retiros. La idea es crear un fondo colectivo solidario de pensiones, el cual será financiado por medio de aportes de los empleadores y del Estado.

Para ello, sería el Presidente de la República quien, en el plazo de un año desde publicada la reforma, deberá enviar al Congreso una propuesta que establezca la forma y financiamiento de dicho fondo colectivo, cuya administración será realizada por una entidad pública y autónoma.

Por su parte, la iniciativa que impulsa el Senado -presentada por los senadores Yasna Provoste, Pedro Araya, Carlos Bianchi y Alfonso De Urresti -, y que se encuentra siendo debatida en la comisión de Constitución y en la de Trabajo, también busca una reforma constitucional que establezca una modificación a la norma que consagra el derecho a la propiedad, lo que permita -bajo determinadas condiciones- que se pueda ejercer el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones y así que las personas puedan concretar retiros.

Se pretende con esto que los afiliados puedan retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. Para esto último, será ley la que establezca «el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos, una vez cesa el estado de excepción constitucional de catástrofe», dice el proyecto.

La iniciativa discutida en la Cámara Alta no establece un monto mínimo o máximo de retiro, y la idea no va dirigida a un sector en específico, sino que a todos quienes tengan fondos previsionales, aseguran los impulsores de la medida en el Senado. Tampoco -a diferencia de la Cámara- se ha deslizado una fórmula concreta para reintegrar los fondos, afirmando que aquello es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Ambos proyectos han sido rechazados tajantemente por La Moneda. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, durante la discusión ayer en la comisión de Constitución de la Cámara, reiteró que permitir este retiro de fondos «es una mala idea», y que es «incompatible proponer retirar fondos de las cuentas individuales con fortalecer el sistema de pensiones». Además, enfatizó en que esto no iría en apoyo de la clase media más vulnerable, además de que, según dijo, más de la mitad de los trabajadores no cotiza regularmente, de manera que «8 de cada 10 de ellos podría obtener con su 10% menos de $600 mil».

Este martes, Briones insistió en su rechazo a la idea, haciendo un llamado al Congreso a que «prime la racionalidad y una mirada de largo plazo». Y agregó en entrevista con el matinal de TVN que «para mí, para nosotros, sería súper fácil tomar una medida que sabemos que es popular, pero a sabiendas de que los costos de esta medida la van a pagar otros».

Durante su intervención ayer en la instancia, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, también reiteró sus aprensiones, quien se preguntó si es que corresponde que una norma tan específica esté en la Constitución, además de cuestionar que se esté usando como técnica legislativa «modificar una ley a través de una incorporación de una norma constitucional».

Respecto a estos reparos, el diputado Gabriel Boric aseguró -durante la votación en comisión- que «hemos llegado a un tema que es difícil producto de que el Gobierno ha llegado tarde con las ayudas. Esto no es un capricho, es por la angustia y necesidad de las personas». Asimismo, afirmó que «siempre se ha reconocido que un retiro de fondos ahora tiene un impacto en la pensión que se va a recibir finalmente (…). Entonces, los mocionantes siempre tuvimos eso presente, acá no se está actuando con irresponsabilidad».

En la misma línea, el diputado Marcos Ilabaca, señaló que «esto no es un capricho de cierto sector. La crisis sanitaria es económica y social», deslizando también la supuesta demora del ejecutivo para ir en ayuda de las familias afectadas. Mientras que el diputado Matías Walker, expuso que esta es «una opción para ayudar a la clase media no endeudándola más de lo que está, sino que con su propio patrimonio».

En tanto, el senador Alfonso de Urresti, ha señalado al respecto que esta «es una demanda ciudadana», y se debe responder «a miles de personas que están pidiendo poder tener liquidez y contar con algunos recursos para enfrentar la actual crisis». Mientras que su par e impulsor de la iniciativa en el Senado, Carlo Bianchi, manifestó que «vamos a insistir todas las veces que sea necesario hacer justicia con respecto al retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones».

El senador, Francisco Huenchumilla, comentó hoy en la comisión de Constitución que «esos fondos pertenecen a los cotizantes, entonces cuando la gente pide el retiro de los fondos, es porque probablemente tiene una necesidad tan grande que el Estado no ha sido capaz de cubrirla».

Por su parte, diversos economistas han planteado sus cuestionamientos al retiro del 10% de los fondos, aunque algunos han propuestos medidas que sí contemplan el uso de los ahorros previsionales para entregar apoyo a las familias, pero por medio de otros mecanismos.

El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es una de los que ha rechazado reiteradamente la medida, pero a la vez afirmó que llevar la discusión hasta este punto «refleja la lentitud del Gobierno, sobre todo la tremenda burocracia que ha tenido» para llegar con ayuda a los hogares. Pero, continuó, el retiro de los ahorros previsionales «tiene efectos colaterales muy grandes».

Por su parte, el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, sostuvo la semana pasada en la comisión de Trabajo del Senado que «si hoy abro esta puerta, ¿qué impide que en 6 u 8 meses más, cuando el desempleo siga probablemente alto, no vaya a haber una presión enorme por abrirla de nuevo?».

«Muchas de las opciones que se han planteado son regresivas y, además, no necesariamente van a aquellas personas que más lo necesitan. Benefician más a quienes tienen acumulado más», añadió.

El también otrora presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, dijo la semana pasada a radio Pauta que actualmente ya existe un problema respecto a las bajas pensiones, «entonces no toquemos eso, por favor, ya tenemos un problema y no lo toquemos por nada, eso tiene un destino específico que es pensiones».

Otro economista que se ha pronunciado al respecto es el académico de la U. de Chile, Joseph Ramos, quien calificó como una «mala idea» establecer el retiro «puro y simple» de los fondos de pensiones. En cambio, deslizó que una alternativa podría ser permitir el retiro, por ejemplo, de $1 millón por afiliado, a cambio de que este extienda su edad de jubilación. Mientras que el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, José de Gregorio, ha propuesta la idea de un «autopréstamos» que funcione como crédito social con cargo al fondo que tiene acumulado cada persona mientras se extienda la crisis.

Por otro lado, el investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien también ha participado de las instancias legislativas en las que se discute la idea del retiro de fondos previsionales, ha insistido en que el debate es «legítimo», asegurando que «más que oponernos o estar a favor del retiro, nos parece que es una discusión que hay que dar».

«Quienes lo rechazan directamente deberían tener una propuesta que inmediatamente resolviera el problema de los sectores medios, y eso debería ser una renta básica de emergencia en montos suficientes, no solo un aporte. Tiene que ser un monto suficiente cuyo monto mínimo tiene que ser la línea de la pobreza, no el máximo», recalcó.

Incluso la Corte Suprema entró indirectamente al debate. Es que, si bien recientemente rechazó de forma unánime el recurso de protección presentado por una pareja de trabajadores de Valparaíso para retirar la totalidad de sus fondos de pensiones, no descartó que en una circunstancia de mayor apremio para los recurrentes, quizás la resolución pudo haber sido distinta.

«(La pareja) no ha planteado la existencia de circunstancias de hecho que revistan una urgencia tal que ameriten la ponderación de los límites impuestos al derecho de dominio que invoca con otras garantías constitucionales protegidas a través de este mecanismo de cautela», sentenció el fallo.

Según expertos consultados por El Mercurio, ese pasaje daría a entender que sería posible acoger esta acción en el caso de que existan hechos o circunstancias de tal urgencia que obligue a cautelar otras garantías constitucionales por sobre la afectación a los fondos.

Fuente: Emol.com

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