Las diferencias contractuales entre los locatarios del retail y los centros comerciales del país llegará a la Corte Suprema.
Y es que Marcas del Retail, gremio que reúne a las empresas que desarrollan comercio minorista, presentó un recurso de reclamación ante el máximo tribunal para que revoque la resolución del pasado 25 de octubre emanada por el Tribunal de Densa de la Libre Competencia (TDLC), que decidió no dar curso a un alegato relacionado con una supuesta falta de transparencia en los contratados de arrendamiento entre ambas partes.
A través de un comunicado, el gremio señaló que el TDLC indicó que el asunto contiene «alegaciones de naturaleza tal, que solo podrían ser conocidas en un procedimiento contencioso», es decir, que dicha disputa debe ser resuelta a través de un juicio, sometiéndose a la decisión de un tribunal por medio de una sentencia.
En concreto, según explicaron desde el gremio a Emol, con esto se apunta a que «el TDLC revise los contratos de arriendo entre locatarios de centros comerciales pues, según señalan en la consulta, habría falta de transparencia en los cobros».
«Lo hace a través de una acción no contenciosa, la cual no es una demanda, sino que una consulta para dar conocimiento al TDLC de los contratos vigentes, para que esta instancia los analice y determine si existen ilícitos de libre competencia», acotó la asociación.
Al respecto, José Miguel Gana, abogado que representa a Marcas del Retail, precisó que “el Tribunal ha reconocido que, de comprobarse los hechos, constituirían ilícitos en materia de libre competencia, pero ha bloqueado la posibilidad de que esto se resuelva por otra vía que no sea una acción contenciosa».
«El TDLC se abstiene de conocer tanto de los contratos que determinan la relación de los centros comerciales y sus locatarios, como de la integración vertical entre los dueños de los malls y diversas empresas y marcas que se desenvuelven en los mismos centros comerciales. Todo lo cual podría producir efectos y/o riesgos anticompetitivos”, agregó.
Así, el gremio considera que el TDLC no da cumplimiento a lo que de manera expresa contempla el Decreto de Ley 211 -el cual fija las normas para la defensa de la libre competencia-, reduciendo injustificadamente la aplicación de los procedimientos no contenciosos.
«No entendemos el argumento del Tribunal en cuanto a que sólo serían materia de proceso no contencioso aquellos actos o contratos que no podrían infringir la libre competencia, toda vez que son precisamente aquellos actos o contratos que ponen en riesgo la libre competencia los que justifican la intervención del Tribunal especialista en esta materia, tal y como lo señala el DL 211”, concluyó Gana.
Fuente: Emol.com
