Un grupo de casi 500 figuras de la centroizquierda, incluyendo a parlamentarios, alcaldes, ex ministros y centros de estudios del sector, firmaron una carta en la cual piden al Gobierno medidas urgentes para salvar la vida de los presos mapuche que están en huelga de hambre para evitar una escalada de violencia en La Araucanía.
En el texto, los suscriptores solicitan al Ejecutivo que estudie la posibilidad de el cumplimiento de las penas considere la diversidad cultural, detallando tres propuestas concretas para terminar con el conflicto y que a su juicio se ajustan al cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre ellas, mencionaron que los reos «puedan cumplir su condena en un Centro de Educación y Trabajo Semiabierto (CETI) y que Gendarmería implemente a la brevedad posible un CETI que reúna las condiciones adecuadas para que los miembros de la etnia mapuche puedan cumplir sus condenas con pleno respeto a su cosmovisión cultural y en armonía con los dispuesto en el Convenio 169».
Asimismo, solicitaron que «el Estado de Chile acceda a la petición del machi Celestino Córdova en cuanto a visitar su rewe, considerando que existen precedentes que demuestran su factibilidad, como la visita realizada el 25 de julio de 2018».
El documento plantea además que los comuneros «demandan simplemente que el Estado chileno dé cumplimiento a normas que ya forman parte del derecho interno y que autorizan condiciones de detención acorde con su realidad cultural».
«Hoy no se busca impunidad, por ningún motivo, lo que se busca es dignidad en el cumplimiento de penas, dignidad que el sistema carcelario chileno no entrega», añadieron, junto con exigir un rol más activo del Poder Judicial en la búsqueda de una solución.
«Es un deber que cada uno de los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial y el Ministerio Público, vele y promueva el respeto a los derechos humanos y de todos los tratados y convenios suscritos por el Estado de Chile en el marco de la protección de la vida de las personas», explicaron.
A juicio de los firmantes, «el silencio y la inacción no sólo son un abandono a las soluciones pacíficas que ofrece un Estado de Derecho; son también interpretables como una nueva afrenta con dolorosas consecuencias».
La misiva fue impulsada por las fundaciones Chile21, Igualdad, Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Participa, Nodo 21 y Casa común, entre otros centros de estudios, además de los senadores Francisco Huenchumilla, Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD).
También aparece el ex subsecretario de Justicia, Nicolás Mena; los alcaldes Jorge Sharp, Gonzalo Durán (UNIR); los diputados Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Maite Orsini (RD), Ricardo Celis, Loreto Carvajal (PPD) y Emilia Nuyado (PS), entre otros líderes y dirigentes de la oposición.
Fuente: Emol.com
