Un tribunal de Bolivia ratificó la sentencia de 10 años de cárcel para la exmandataria transitoria Jeanine Áñez por la forma en que asumió la Presidencia interina del país en 2019, según confirmó este domingo su defensa, que pedirá aclaraciones sobre este fallo al haber detectado contradicciones en el mismo.
El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, explicó a EFE que el documento de 351 páginas «va desglosando los elementos que han sido apelados» y «ratifica la resolución emitida en una primera instancia», es decir, «los 10 años en contra de la exmandataria por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución».
En un análisis preliminar de la defensa de la exgobernante, se detectó que la sentencia «entra en una contradicción», porque «pareciera que descarta el delito de incumplimiento de deberes» que fue incluido en el fallo inicial, indicó el jurista.
«Cuando resuelve la apelación del Ministerio Público dice (que) no se ha logrado probar el incumplimiento de deberes, por lo tanto, lo que se habría aplicado es la pena máxima de las resoluciones contrarias a la Constitución. Esto, en un análisis preliminar, es una situación que va a tener que ser aclarada por este tribunal», agregó Guillén.
Por este motivo, los defensores de Áñez prevén presentar primero un «recurso de aclaración» para que el tribunal especifique si efectivamente la nueva sentencia eliminó un delito o no, para que, «una vez con esta aclaración, ya se pueda interponer adecuadamente el recurso de casación».
CASO «GOLPE DE ESTADO II»
La Justicia determinó -en junio de 2022- dar 10 años de cárcel a la expresidenta interina por el caso «golpe de Estado II» en el que los principales acusadores son la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de gobierno (Interior) que consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019.
La defensa de Áñez argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
Áñez está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz desde marzo de 2021 por otro caso conocido como «golpe de Estado I», acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, también por la crisis de 2019.
La sentencia motivó a que organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia manifiesten en su momento que en el proceso contra Áñez hubo un «uso excesivo» de la detención preventiva, entre otros cuestionamientos.
Asimismo el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, señaló que a Áñez le corresponde un juicio de responsabilidad al ser expresidenta, al margen de la forma en que llegó al poder.
La defensa de la exmandataria apeló el primer fallo argumentando que hubo «injerencia política», mientas que sus acusadores también presentaron una apelación para que la condena suba a 15 años de prisión.
