Miembros de la Asociación Chilena del Rifle (ACDR) se manifestaron a las afueras de La Moneda en contra de la iniciativa del Gobierno que busca prohibir totalmente las armas de fuego en manos de civiles. Frente a ello, la ministra del Interior, Izkia Siches defendió la medida e insistió en que el Ejecutivo «está comprometido a eliminar el poder de fuego».
En específico, el grupo de manifestantes aludió a que aquellos que poseen armas para uso deportivo, defensa propia, colección y caza conocen los reglamentos, por lo que el problema de estos artefactos radica en la «delincuencia» y no en la tenencia y porte de civiles.
En ese contexto, la directora ejecutiva de ACDR, Josefa Rodríguez cuestionó la cifra entregada por el Gobierno -informada por el Ministerio Público- que da cuentas de que el 80% de las armas incautadas en delitos son inscritas.
«No creo en las cifras de que el 80% de armas que se usan para la delincuencia sean inscritas. Ahí hay un factor que dejemos de engañar con cifras erróneas a la ciudadanía. Lo que sí es correcto es que hoy los delincuentes tienen armamento militar, estar atacando a nuestra ciudadanía y que es armamento que una persona normal no puede tener en sus casas», sostuvo la representante en medio de la manifestación.
Al respecto, la secretaria de Estado defendió que «fue la Fiscalía Sur quien nos ha hecho llegar los datos en torno a las armas requisadas, justamente involucradas en homicidios, donde los datos que presentó el fiscal que son preocupantes era de que armas requisadas en estos contextos, el 80% venían efectivamente de armas legalmente inscritas».
Sin embargo, Siches no se detuvo en las cifras y se refirió «al tema de fondo». En medio de lo que fue un punto de prensa destinado a comunicar los avances de la reunión mensual del gabinete ministerial, la titular de Interior insistió en que «nuestro Gobierno está comprometido a eliminar el poder de fuego, tanto de los delincuentes como de los narcotraficantes, porque no puede seguir ocurriendo lo que ocurre en distintos barrios de nuestro país, donde el espacio público ha sido posicionado por quienes delinquen».
