Un proyecto de reforma constitucional ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar la Constitución Política para restablecer la estabilidad de los precios de los combustibles, dejar sin efecto las alzas de combustibles aplicadas desde el 26 de marzo de 2026 y restablecer la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), contemplado en la Ley N°20.765.
La iniciativa sostiene que el incremento registrado en los combustibles derivados del petróleo constituye “un alza sin precedentes en este siglo” y atribuye el escenario al conflicto internacional iniciado en Oriente Medio tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y el posterior bloqueo del Estrecho de Ormuz.
Según expone el proyecto, frente al aumento internacional del precio del petróleo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast implementó medidas que terminaron traspasando los costos de la crisis internacional a las economías familiares chilenas mediante modificaciones al funcionamiento del MEPCO.
El texto cuestiona particularmente los decretos exentos dictados por los ministerios de Hacienda y Energía durante marzo de 2026, señalando que configuraron una modificación práctica al mecanismo de estabilización de precios vigente hasta el 25 de marzo de ese año. Entre ellos se mencionan el decreto N°103 del Ministerio de Hacienda, el decreto N°91 y el decreto N°92 del Ministerio de Energía y el decreto N°107 del Ministerio de Hacienda.
La moción sostiene que el Ejecutivo justificó las modificaciones argumentando una supuesta falta de recursos para financiar el mecanismo, interpretación que los autores del proyecto califican como incorrecta, afirmando que el MEPCO “no es un fondo con una caja acumulada que se agota”, sino un sistema de ajuste del componente variable del impuesto específico a los combustibles.
Como consecuencia de dichas medidas, el proyecto afirma que los combustibles experimentaron desde el 26 de marzo de 2026 “la mayor alza en 46 años”, detallando incrementos de $372 para la bencina de 93 octanos, $391 para la de 97 octanos y $580 para el diésel.
Asimismo, la iniciativa advierte sobre los impactos económicos derivados de estas alzas, indicando que diversos economistas han alertado sobre efectos sistémicos asociados al aumento de costos de transporte, producción de bienes, alimentos y servicios, situación que podría repercutir en mayores niveles de inflación y en un incremento de la Unidad de Fomento (UF).
El texto agrega que el alza de los combustibles “responde a una decisión política del Gobierno” y sostiene que existían alternativas distintas para enfrentar el aumento internacional del petróleo, como recurrir al Fondo de Estabilización Económico y Social contemplado en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2007 del Ministerio de Hacienda o utilizar mecanismos de endeudamiento estatal para amortiguar el impacto en los hogares.
Los autores de la reforma señalan además que, ante la falta de voluntad del Ejecutivo para revertir las medidas, corresponde al Congreso Nacional intervenir para resguardar el interés general y la estabilidad económica del país. En ese contexto, plantean incorporar una disposición transitoria a la Constitución que permita dejar sin efecto los decretos cuestionados y restablecer plenamente el funcionamiento del MEPCO.
La denominada “Idea Matriz” del proyecto propone específicamente derogar los decretos dictados durante marzo de 2026 y prorrogar los decretos vigentes hasta el 25 de marzo de ese año relativos al cálculo del precio de los combustibles y al componente variable del impuesto específico. La propuesta establece además que el régimen transitorio tendría una duración inicial de seis meses, renovable por igual período mediante decisión del Presidente de la República. Asimismo, dispone que los nuevos decretos no podrán fijar precios superiores a los vigentes al 25 de marzo de 2026.
Finalmente, el proyecto contempla que, en caso de requerirse recursos adicionales para financiar la operación del mecanismo de estabilización, estos podrán provenir del Fondo de Estabilización Económico y Social regulado por el DFL N°1 de 2007 del Ministerio de Hacienda.
Fuente: Diario Consitucional.
