La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió este sábado (08.08.2020) al Gobierno y al sistema judicial del país que investiguen el asesinato del sacerdote Ricardo Cortez ocurrido el viernes, para que su muerte «no quede en la impunidad”.
«Los obispos de El Salvador, unidos a nuestros sacerdotes, ante el terrible asesinato del padre Ricardo Antonio Cortez, expresamos nuestra profunda consternación y nuestra condena de tan abominable crimen», consignó la conferencia episcopal en un comunicado leído por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar. Los obispos exigen además una investigación del crimen para que «se conozca la verdad» y «se administre la debida justicia».
La Iglesia católica -que calificó el asesinato de Cortez como «gravísimo y sacrílego”- recordó que su muerte «tiene lugar en el 40vo aniversario del martirio de San Oscar Arnulfo Romero, el padre Cosme Spessotto, las cuatro misioneras norteamericanas y la masacre del Sumpul”. La Conferencia Episcopal agregó que «este es el tercer asesinato perpetrado en los últimos años a nuestros sacerdotes” y enumeró –junto al de Cortez- los crímenes contra los curas Walter Vásquez, el 29 de marzo de 2018, y Cecilio Pérez, el 18 de mayo de 2019.
El sacerdote fue asesinado por arma de fuego por desconocidos cuando se desplazaba en su vehículo en la jurisdicción de San Nicolás Lempa, a unos 80 km al sureste de San Salvador. Cortez, de 43 años, era párroco del poblado de San Francisco Chinameca y también se desempeñaba como rector del seminario de Santiago de María, en el departamento oriental de Usulután. Este sábado, en la catedral de Zacatecoluca, 60 km al este de San Salvador, todos los obispos salvadoreños le rindieron un homenaje al sacerdote durante una misa exequial.
Por su parte, el ombudsman de El Salvador, José Apolonio Tobar, condenó y repudió el asesinato del sacerdote católico y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que realice con «objetividad una eficiente investigación».
Apolonio Tobar expresó, en un comunicado, que este hecho «constituye una muestra más de la inseguridad en la cual subsiste la población salvadoreña» y que «alcanza a diversos sectores, incluidos la comunidad religiosa». Por lo anterior, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió a las autoridades fiscales que «realicen con objetividad una eficiente investigación en aras de recabar los elementos suficientes para garantizar el derecho de acceso a la justicia y evitar que estos hechos permanezcan impunes».
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