La Fiscalía Local de Osorno, liderada por la fiscal jefe María Angélica de Miguel, confirmó la identificación de dos estudiantes como presuntos autores de recientes falsos avisos de bomba que afectaron a la Universidad de Los Lagos y al Liceo Industrial de la ciudad.
Las diligencias investigativas, llevadas a cabo por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, fueron clave para dar con los supuestos responsables de los hechos, ocurridos el 1 y 18 de abril respectivamente, que provocaron la evacuación de los recintos y la movilización de personal de emergencia.
El primer caso se remonta al lunes 1 de abril del presente año, cuando una amenaza de bomba obligó a activar los protocolos de emergencia en la Universidad de Los Lagos, específicamente alertando sobre un artefacto explosivo en sus «salas virtuales». «Respecto del aviso que se dio con fecha 1 de abril en la Universidad de Los Lagos, la cual avisaba que había un artefacto explosivo en las salas virtuales, es que pudimos determinar mediante todas las técnicas investigativas que efectivamente este aviso fue dado por una alumna de dicha casa de estudio», señaló la fiscal De Miguel. Ante estos antecedentes, la Fiscalía solicitó la audiencia de formalización de la investigación en contra de la estudiante ante el Juzgado de Garantía de Osorno.
Un segundo hecho similar ocurrió el jueves 18 de abril, esta vez afectando al Liceo Industrial de Osorno. «En un segundo caso también, ocurrido el día 18 de abril en el Liceo Industrial, también se pudo llegar a través de estas mismas técnicas investigativas a determinar que había sido hecho por un mismo alumno de ese establecimiento educacional», precisó la autoridad del Ministerio Público. Al igual que en el caso anterior, se ha solicitado la respectiva audiencia para formalizar al alumno involucrado. La fiscal confirmó que «el juzgado garantía estableció ya una fecha para ser formalizado en la Ciudad de Osorno» para este último.
La fiscal jefe María Angélica de Miguel fue enfática en recalcar la gravedad de estas acciones. «En ambos casos hay que señalar que el efectuar estos llamados, además de causar una alarma pública, además de distraer a funcionarios policiales que pueden estar realizando labores importantísimas de protección a la ciudadanía, estamos cometiendo un delito», sostuvo. Explicó que «en esos casos hay la comisión de un delito y junto con ello también la alarma pública que esta comisión genera y por lo tanto va asociado a una pena».
El Ministerio Público ha solicitado las audiencias de formalización para ambos jóvenes ante el Juzgado de Garantía local, por el delito de falsa alarma de emergencia.
