El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala solicitó este jueves (16.07.2020) el retiro de inmunidad para 11 magistrados y 2 jueces del Organismo Judicial que supuestamente están implicados en la manipulación de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y 200 funcionarios de salas de apelaciones.
La Fiscalía guatemalteca explicó en un comunicado de prensa que los 13 jueces serían acusados -en caso de perder la inmunidad- de los delitos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.
De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, los 13 miembros del Organismo Judicial «han mantenido comunicación permanente» desde febrero de este año con Gustavo Alejos Cámbara, acusado por las autoridades de intentar manipular la elección.
Alejos Cámbara -exsecretario del expresidente guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012)- se encuentra en prisión preventiva desde 2015, señalado del delito de corrupción por cinco casos distintos: Negociantes de la salud, Cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento ilícito de la UNE y Red de poder, corrupción y lavado, este último es por el que se encuentra detenido.
La investigación del Ministerio Público, bajo el liderazgo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, documentó con imágenes y otros elementos de prueba las reuniones de Alejos Cámbara con algunos de los señalados, mientras se recluía en un sanatorio autorizado por el Organismo Judicial bajo supuestos quebrantos de salud. El nuevo proceso legal en contra de Alejos Cámbara fue denominado por la Fiscalía como Comisiones Paralelas 2020 y las 13 solicitudes de retiro de inmunidad forman parte del mismo caso.
El escándalo de las Comisiones Paralelas 2020
Alejos -según grabaciones y vídeos divulgados por la Fiscalía- se reunió con congresistas, miembros de la Comisión de Postulación a cargo de la elección y con posibles candidatos, en la búsqueda de colocar a gente de su confianza en puestos clave para luego recibir veredictos favorables en el Organismo Judicial.
La elección de la nueva Corte de Suprema de Justicia (26 jueces) y 200 magistrados de salas de apelaciones -para un período de cinco años- debió llevarse a cabo en octubre de 2019 por el Congreso, pero fue suspendida en aquel momento, y nuevamente en febrero de 2020 por el máximo tribunal del país, debido a que el Ministerio Público documentó irregularidades en el proceso.
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