Un grupo de senadores de diversos partidos políticos acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para respaldar el despachado proyecto de ley que endurece las penas por delitos económicos y ambientales, cuya constitucionalidad es evaluada en esa instancia a raíz de un «téngase presente» ingresado por la Confederación para la Producción y del Comercio (CPC).
Matías Walker (Demócratas) comentó en EmolTV que la respuesta del gran empresariado es «lamentable y sorprendente», al tiempo que destacó que el proyecto fue transversal, suscrito por diputados desde Renovación Nacional hasta el Frente Amplio, y ha sido acompañado «por los mejores profesores de derecho penal del país».
«La CPC debería aplaudir este proyecto, porque lo que hace es establecer el fair play, el respeto a la reglas del juego», añadió.
El senador indicó entonces que presentará descargos ante el TC junto a su correligionaria Ximena Rincón, así como sus pares Paulina Núñez (RN), Francisco Huenchumilla (DC) y los socialistas Alfonso De Urresti y José Miguel Insulza.
«Vamos a ir al Tribunal Constitucional y vamos a defender esta ley de delitos económicos que soberanamente aprobó el Congreso Nacional», remarcó Walker, y dijo esperar que aquella instancia no se transforme en una tercera cámara legislativa que «borre con el codo» un proyecto que se tramitó durante mucho tiempo y establece «la reforma más importante en la historia del Código Penal».
A su vez, el senador De Urresti advirtió a El Mercurio que «es realmente inadmisible que la CPC recurra al TC», y estimó que está utilizando el tribunal «como una tercera cámara».
Si bien su par de RN Rodrigo Galilea no expresó reparos por el requerimiento del gremio, planteó que «hubiera sido mucho más colaborativo que la CPC, a través de abogados especialistas, hubiese participado del extenso debate en las innumerables sesiones de comisión».
El pleno del TC continuará este jueves con el control preventivo de constitucionalidad de esta iniciativa.
