A menos de 24 horas del anuncio presidencial motivado por la denominada «Operación Apocalipsis« —que culminó con la detención de 44 funcionarios por cohecho y corrupción—, el conflicto entre el Ejecutivo y los gremios penitenciarios ha escalado. La Anfup, organización mayoritaria del sector, calificó la iniciativa de «improvisada» y aseguró que esta nace desde el «desconocimiento de la realidad penitenciaria».
El eje de la controversia radica en el cambio de naturaleza jurídica de la institución. Al integrar el Ministerio de Seguridad Pública bajo un régimen de «obediencia y no deliberación», los funcionarios perderían derechos fundamentales de asociación. «Se amenaza la sindicalización al transformar el servicio en una institución jerarquizada similar a las policías», señalaron desde el gremio, advirtiendo que la medida busca silenciar las demandas históricas del sector.
La reforma es la respuesta política directa al escándalo de corrupción detectado principalmente en el recinto Santiago 1. Según los antecedentes de la fiscalía, la red criminal interna cobraba aproximadamente $80.000 pesos por el ingreso de «combos« de comida rápida y otros elementos prohibidos. El operativo, que incluyó el allanamiento de 77 domicilios, ha sido el catalizador para que el Gobierno proponga una división funcional total: Gendarmería se dedicaría exclusivamente a la custodia, mientras que la reinserción social pasaría a un nuevo servicio civil bajo el Ministerio de Justicia.
Pese al rechazo gremial, el Presidente Boric ha buscado blindar la viabilidad del proyecto mediante conversaciones con el Presidente Electo, José Antonio Kast, apelando a un apoyo transversal en el Congreso. Por su parte, el Director Nacional de la institución, Rubén Pérez, ha sido ratificado en su cargo con la misión de colaborar en la depuración interna.
El Ejecutivo pretende ingresar la reforma antes del receso legislativo de enero, mientras los gremios (Anfup, Ansog y ANOP) ya anticipan una escalada en las movilizaciones para frenar lo que consideran un desmantelamiento de su estatus administrativo.
Fuente: Paislobo.
