El ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó que La Moneda prepara un proyecto para reformar el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (CAIGG), en un esfuerzo para evitar que se vuelvan a repetir escándalos como los polémicos contratos que firmó la fundación Democracia Viva con el Serviu de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, en la mira por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco.
«Es un tema que estamos conversando con la Segpres, porque en realidad son ellos los responsables de la política de probidad en el sector público. La propia subsecretaria Macarena Lobos participó en la preparación del proyecto que se envió en el Gobierno de la Presidenta Bachelet», contó el secretario de Estado al Diario Financiero, en una entrevista desde Toronto, Canadá, en el marco del Chile Day 2023.
«Creo que sería una respuesta institucional a un problema que es una situación que, por supuesto, tiene gravedad y, sobre todo, es muy decepcionante para los que hemos estado tratando por muchos años de que la plata se gaste con responsabilidad, con eficiencia y con austeridad», indicó.
El caso de Democracia Viva no sólo golpea al oficialismo -en especial a Revolución Democrática (RD), a través de militantes involucrados-, sino que también ha instalado dudas respecto a los acuerdos que pudieron suscribir otras fundaciones con el Ejecutivo.
El jefe de la billetera fiscal recordó que «las asignaciones directas de fondos surgieron de una modificación a las glosas de la Ley de Presupuesto en el año 2015. Lo que era hasta ese momento una facultad para traspasar recursos a los municipios se amplió a entidades privadas sin fines de lucro. A veces, cuando se crean excepciones se van ampliando y distorsionando con el correr del tiempo».
«Entonces —reflexionó—, la pregunta es quién se encarga de detectar ese tipo de situaciones, advertir y corregir a tiempo».
En tal sentido, Marcel sostuvo que «en Chile tenemos una Auditoría Interna General de Gobierno, que viene desde la época del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, pero nunca se ha logrado institucionalizar. Creo que es el momento de reactivar ese tipo de análisis».
Lo anterior, «porque la auditoría interna es un mecanismo de apoyo a una buena gestión de las instituciones públicas», indicó.
«Para ello la auditoría interna tiene que ser profesional, contar con un cierto grado de autonomía, no puede ser simplemente una persona de confianza del jefe de servicio, (sino que) debe tener mecanismos para coordinarse entre todos los distintos auditores o complementar el trabajo de la Contraloría General de la República, que es la auditoría externa. Ese esquema debería permitir identificar cuando hay casos en los cuales, por ejemplo, se creó una excepción y eso se va distorsionando en el tiempo», añadió.
Ese debate, según Marcel, «puede ser que esté dentro o fuera del pacto fiscal». Sin embargo, remarcó que «debería ser una respuesta más institucionalizada a este tipo de situación».
