El Gobierno de Argentina se desmarcó este jueves de la iniciativa presentada por un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) -partido liderado por el Presidente Javier Milei- que busca la derogación del aborto legal en el país vecino.
«Defiendo la vida, ni más ni menos», justificó este jueves la diputada Rocío Bonacci, autora de este proyecto por el cual pretende dejar sin efecto el aborto legal que rige desde 2020 en Argentina.
Pero la iniciativa «no es parte de la agenda del Presidente y no está impulsado por el Poder Ejecutivo», sostuvo al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa al circunscribirlo a una iniciativa personal de la legisladora del oficialismo. Milei, que se define como un libertario, durante su campaña electoral se había pronunciado «en contra del aborto porque está en contra del derecho a la vida».
Sin embargo, «tenemos temas más urgentes», dijo Adorni para explicar que esta discusión no forma parte de las prioridades del Presidente. Milei sufrió un revés legislativo el martes cuando retiró del Congreso un proyecto de ley con amplias reformas en diversas áreas después del fracaso de su debate en la Cámara de Diputados.
Organizaciones feministas rechazaron la iniciativa y la consideran una maniobra distractiva de la agobiante crisis económica con una inflación mensual por encima del 20% (211,4% anual en 2023) y el nivel de pobreza cerca del 50%, según estimaciones de analistas.
«La presentación de este proyecto es ridícula», dijo a la AFP Victoria Tesoriero, activista de Campaña por el Derecho al Aborto Legal – organización impulsora de la ley vigente -. «No van a usarnos de cortina de humo en este contexto cuando el oficialismo acaba de tener una derrota política en el Congreso y mientras hay recesión económica, se licúa el salario con la inflación descontrolada y hay represión a las protestas», afirmó.
La ley de Interrupción Voluntaria fue aprobada en diciembre de 2020 y puesta en práctica en enero de 2021 después de un debate que polarizó a la sociedad argentina y atravesó transversalmente a todas las fuerzas políticas. Contempla la posibilidad de abortar hasta cumplidas 14 semanas inclusive de gestación sin tener que explicitar los motivos, así como cuando el embarazo es resultado de una violación y si está en peligro la salud o la vida de la persona gestante.
La ley vigente también prevé la asistencia sanitaria y gratuita de la atención postaborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones prevista por la ley, además del acceso a métodos anticonceptivos.
