Venezuela calificó este jueves (02.07.2020) como un «delito de exterminio» que el juez Nigel Teare, del Tribunal Superior británico, haya negado al Gobierno de Nicolás Maduro el acceso al oro que el país sudamericano tiene depositado en el Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés).
«Negar el oro a Venezuela para atender la pandemia es cometer delito de exterminio», dijo en la televisión pública la vicepresidenta Delcy Rodríguez, después de que Teare decidiera que la Administración ad hoc nombrada por el opositor Juan Guaidó sea la que puede acceder al oro depositado en el BOE.
Rodríguez apuntó que esta decisión es «un absurdo» puesto que los intercambios diplomáticos entre Venezuela y Reino Unido se hacen a través de la Cancillería que responde a Nicolás Maduro y no por la que nombró Guaidó. «El embajador (de Reino Unido en Venezuela) Andrew Soper presenta sus cartas credenciales ante el presidente de la República (Nicolás Maduro), las cartas credenciales que firmó la reina (Isabel II)», añadió.
El Gobierno venezolano pidió hace meses al BOE que transfiriera 930 millones de euros de la reserva de oro a un fondo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalando que los recursos serían usados en la lucha contra el COVID-19 en el país. Desde entonces, prosiguió Rodríguez, 47 personas han muerto y más de 5.000 se han contagiado del coronavirus.
«El Banco de Inglaterra también pretende ser ahora el rector de las leyes de Venezuela. ¡No señor! Usted lo que es un depositario y lo que hace es guardar oro. Limítese a su tarea y a cumplir las órdenes de sus clientes que es la República Bolivariana de Venezuela y no una banda de criminales”, arremetió Rodríguez. Asimismo, señaló que el Gobierno interino que Guaidó es «artificial y enmascara un proyecto para despojar a Venezuela» de sus riquezas.
La funcionaria también informó de que el presidente Maduro «ha solicitado a los órganos de la Justicia» una investigación para determinar responsabilidades penales en este caso.
Horas antes, el Gobierno de Venezuela explicó en un comunicado que «apelará inmediatamente esta decisión absurda y errónea, que constituye un acto de piratería que atenta contra el derecho a la salud y la vida del pueblo». Además, en el texto, se indicó que el Gobierno de Maduro «denunciará en todas las instancias internacionales este atroz atropello», y que persistirá en la batalla judicial para acceder a los recursos.
