Según informó hoy el diario El Mercurio, el Ejecutivo iniciará un trabajo conjunto entre la comisión de Constitución del Senado y el Ejecutivo, mediante la Segpres, Interior y Defensa; además de sumar a las FF.AA. y de Orden y Seguridad, para la redacción de indicaciones a la iniciativa ya presentada por los senadores independientes pro-RN Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh, Ximena Rincón (DC), Jaime Quintana (PPD) y el propio presidente de la corporación, Álvaro Elizalde (PS).
La información se conoció después de la sesión de ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, que se declaró reservada, en la que comenzó a tramitarse el proyecto de infraestructura crítica.
Los senadores presentaron el nuevo proyecto -que busca darle la atribución al presidente de utilizar a las FF.AA. para el resguardo de infraestructura crítica- el 29 de julio pasado, nueve días después de que los diputados rechazasen el veto presidencial sustitutivo a la reforma constitucional original.
A la sesión secreta asistieron las ministras del Interior y de Defensa, Izkia Siches y Maya Fernández, respectivamente, y distintos representantes de las FF.AA. y las policías.
CLAVES DE LA DECISIÓN
De acuerdo a El Mercurio, la clave de la propuesta de La Moneda está en la palabra «zona», porque el resguardo de lugares específicos (infraestructura crítica) se amplíaría a áreas, lo que supondría resolver, según el oficialismo, el vacío que quedaría de ser aprobado el proyecto constitucional, el que no considera el estado de emergencia para proteger provincias, por ejemplo, tal como actualmente ocurre con La Araucanía y parte del Biobío, lugares para los que en seis ocasiones se ha renovado el estado de emergencia.
Según explicó el rotativo, el interés del Gobierno es iniciar un trabajo prelegislativo para poner bordes a una propuesta definitiva y alcanzar un consenso para avanzar en la reforma.
«Se escuchó a la ministra del Interior, quien dijo que el Gobierno ya había tomado una decisión al respecto, en el sentido de crear un estado de excepción que podríamos llamar intermedio, en que se abordaría esta situación y en que se podría usar a las Fuerzas Armadas, mediante una facultad al Presidente y después, por supuesto, mediante el control del Congreso, para proteger infraestructura crítica», dijo ayer el senador Rodrigo Galilea (RN) después de la sesión de la comisión.
«Esto implicaría —agregó— presentar una reforma constitucional y después una modificación a la LOC (ley orgánica constitucional) de estados de excepción para poder llegar a una buena legislación, pero ya hay un camino trazado. Esto sería en dos a cuatro semanas más y en ese momento ya tendremos claro el resultado del plebiscito».
Mientras, el expresidente de la comisión, el senador Pedro Araya (ind.-PPD), indicó que «hay una diferencia sustancial respecto del proyecto anterior, porque hoy tenemos al Ejecutivo sentado en la mesa discutiendo y con propuestas, a diferencia de lo que ocurrió la vez anterior, en que se vinieron a sentar a última hora».
«Creo que lo que debería hacer la norma constitucional es consagrar como una nueva atribución presidencial y facultar que por la vía reglamentaria se puedan regular aquellos temas de carácter operativo, tales como las reglas de uso de la fuerza (RUF)», sostuvo.
