El Gobierno anunció este lunes la conformación de un equipo de expertos y expertas para la probidad e integridad para generar el marco de un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro que colaboran con el Estado, en el marco del polémico caso convenios.
La ministra vocera, Camila Vallejo, explicó que el grupo «tiene como plazo 45 días para cumplir con los objetivos para los que se le ha convocado».
Dichos objetivos son identificar fortalezas y debilidades en la relación entre el Estado y estas organizaciones; proponer un mecanismo que asegure una mejor eficacia y modificacionesa la gobernanza, a la transparencia y eficiencia de estas corporaciones. Además, revisar mecanismos de control y de rendición de cuentas y proponer sanciones más drásticas en caso de irregularidades.
El número de los integrantes del grupo y los nombres de quienes lo compondrán aún no está determinado.
Además, indicó que los requerimientos de información relativos a la indagatoria serán entregados «con cinco años de antigüedad: esto tiene que ser caiga quién caiga».
En paralelo, respecto de las exigencias de organizaciones de Derechos Humanos de la renuncia de Patricio Fernández como asesor del Gobierno para la conmemoración de los 50 años del golpe militar, la ministra dijo que una cosa es que reflexionar o evaluar sobre el desempeño de un gobierno y que otra distinta es justificar o relativizar las dictaduras.
En ese sentido, enfatizó que el llamado a todos, «incluído Patricio Fernández», es a reflexionar y fortalecer sobre la importancia de la democracia.
