El Ministerio Secretaría General de la Presidencia anunció este miércoles que de las 78 urgencias legislativas que ingresó esta semana el Gobierno, 16 corresponden a iniciativas que pretenden mejorar la seguridad ciudadana el orden público.
De acuerdo a la información entregada desde la cartera encabezada por la ministra Ana Lya Uriarte, «esta priorización legislativa da cuenta del compromiso del Gobierno con la principal preocupación de la ciudadanía como es la seguridad».
Entre los proyectos priorizados, está la moción despachada a ley ayer que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción.
Según explicaron desde la Segpres, dicho texto legal otorgará mayores facultades a la justicia y las policías para hacer un seguimiento de los recursos obtenidos de forma irregular mediante la venta de drogas.
«Queremos ser claros: El combate contra la delincuencia es y seguirá siendo prioridad. Sólo esta semana hemos ingresado 16 urgencias en materia de seguridad, entre ellas persecución del narcotráfico y crimen organizado, aprobado ayer», dijo Uriarte.
De los 16 proyectos de seguridad a los que se les ingresó urgencia, 56% tiene una calificación de suma, lo que indica que el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 15 días.
En tanto, el proyecto que fijaría un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva cuenta con discusión inmediata, por lo que debe ser despachado y revisado en un plazo de 6 de días.
Entre las propuestas que forman parte de la lista están el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado y los que elevan las penas al sicariato y al porte ilegal de armas en lugares de alta concurrencia.
También figura el proyecto que agrava la pena del delito de secuestro, el que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, el que establece un nuevo código penal y el que amplia las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva. Asimismo, se acelerará la discusión del texto legal que permitiría reforzar las competencias de los funcionarios de Gendarmería, el que fortalece el estatuto de protección para denunciantes y el que regulará la ciberseguridad, entre otros.
