El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, anunció nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados, tras una nueva ola de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas y que han puesto nuevamente la agenda de seguridad en el centro del debate.
La autoridad explicó que las medidas se enfocan en «fortalecer las capacidades de control migratorio y de expulsión» y detalló que el Gobierno utilizará «una facultad que la Ley de Migraciones entrega al subsecretario del Interior de expulsar cuando se considere que hay riesgo para la seguridad interior».
«Le vamos a proponer al Congreso que la posibilidad de apelar que tiene la persona sobre la cual se dicta este decreto de expulsión reduzca su plazo de 10 a 5 días», añadió Monsalve.
Además, el subsecretario precisó también que, junto al punto anterior, desde su cartera se intentará modificar la facultad de la Policía de Investigaciones (PDI) para permitir el ingreso al domicilio para detener a la persona sobre la cual existe la orden de expulsión ya decretada.
«Hoy (la PDI) no tiene facultades legales para ingresar al domicilio y tiene que estar afuera esperando que la persona, eventualmente, salga y pudiera no salir en dos días y no se puede detener», ahondó.
Expulsar por razones de seguridad es una facultad que ya existe para la Subsecretaría del Interior, sin embargo, los otros dos puntos requieren medidas legislativas que serán propuestas al Congreso esta semana.
El anuncio llega luego de que en el mes de noviembre se hayan producido varios secuestros extorsivos de alta connotación pública con participación de venezolanos, según las autoridades, y luego de que, hace pocos días, una policía quedara herida por las esquirlas de una granada que lanzaron dos personas de nacionalidad venezolana.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) criticó que la respuesta del Gobierno «frente al crimen organizado que viene fundamentalmente del exterior es débil, y lo cierto es que reducir los días de expulsión no es la respuesta, la respuesta está en cómo resguardamos nuestras fronteras».
«¿Qué le dijimos al Gobierno hace más de un año? Le presenté un proyecto de ley para la creación de la policía militar de frontera», cuestionó.
Desde Chile Vamos, el diputado Miguel Mellado (RN) fustigó que «ahora (desde el Ejecutivo) encontraron de que tenían capacidades extraordinarias para expulsar en forma rápida. Bueno, si descubrieron la pólvora ahora, háganlo rápido».
Además, Mellado le recordó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que «cada día el reloj de arena de la acusación constitucional va cayendo lentamente hasta llegar a fin de año».
Por otro lado, desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto (PPD) insistió con decretar un estado de excepción para paliar esta crisis.
«La crisis de seguridad es de tal gravedad que requiere no solo medidas de mediano o de largo alcance, sino que también una medida de shock, y para eso creemos que lo más efectivo es un estado de excepción de carácter nacional con una operación rastrillo que permita atrapar a estas personas, expulsarlas del país o ponerlas ante la Justicia», resaltó.
Finalmente, el diputado Raúl Leiva (PS) aseguró que esta crisis «no se soluciona con recetas mágicas ni simples aspirinas, sino que en la medida que seamos capaces de unirnos y organizarnos frente al crimen organizado podemos tener resultados sostenibles en el tiempo, y no medidas que tal vez pueden sonar muy populares pero que tienden más a profundizar la problemática que a resolver los problemas».
Esta tarde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja recibirá a la ministra Tohá; al subsecretario Monsalve y al fiscal nacional, Ángel Valencia, con el propósito que se refieran al alza de los delitos violentos a nivel nacional, en especial en la región de Valparaíso, específicamente en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, en atención a la alerta dada por la embajada de Estados Unidos.
