Tras una indicación presentada y aprobada por la oposición, el Gobierno adelantó este miércoles que avanzará en una reserva de constitucionalidad e incluso en un veto del proyecto que busca sancionar -como una falta- el porte injustificado de combustibles aptos para cometer atentados incendiarios durante reuniones en lugares públicos.
En detalle, la iniciativa «modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos».
Lo que busca el Ejecutivo con este proyecto presentado es que Carabineros pueda controlar y retener a las personas que sean sorprendidas con este tipo de elementos, ocupados muchas veces para armar artefactos incendiarios, para posteriormente llevarlos a la comisaría y dejarlos citados para que se les aplique una multa.
Pese a esto, la propuesta sufrió un importante cambio en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, donde diputados de la oposición -con el apoyo de Andrés Jouannet (Amarillos)-lograron aprobar una indicación que considera ese actuar como un delito conducente a una pena de cárcel, provocando molestía en el Gobierno, que incluso no descartó ir al TC o vetar el proyecto si avanza de esa manera.
«Creemos que la pena de multa no es disuasiva, es más, prescriben seis meses, nadie la paga. Obviamente que eso no va a inhibir que una persona esté con combustible dispuesto a construir una bomba molotov. Se aprobó una indicación, en la cual soy uno de los autores, que establece que quien tuviera los elementos por separado y se dispusiera a construir una bomba molotov, va a tener una pena que puede llegar hasta los tres años», detalló el parlamentario Andrés Longton (RN), miembro de la comisión.
En tanto, su par Jaime Araya (Ind-PPD) cuestionó la indicación aprobada, asegurando que «nos va a llevar al ridículo que, por ejemplo, una persona que está limpiándose las manos con una botella que pueda tener bencina y un trapo, está cometiendo el delito que se ha aprobado hoy en la Comisión de Seguridad».
«Ya teníamos un problema de credibilidad y de seriedad en la tramitación de usurpaciones, dado la excesiva creatividad que había, hoy -con la aprobación de esta indicación- van a llover las columnas, las cartas de molestia de las distintas facultades de derecho, de jueces, fiscales y defensores, respecto de lo que se está haciendo la Comisión de Seguridad», puntualizó el diputado.
La propuesta ahora avanzó en su primer trámite a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
