Gendarmería entregó informes desfavorables respecto a 10 de los 13 condenados a quienes el Presidente Gabriel Boric concedió indultos en diciembre pasado, de acuerdo a los expedientes que el Gobierno ingresó el viernes al Tribunal Constitucional (TC).
Después de recibir los antecedentes de los siete beneficios que fueron impugnados por senadores de oposición, la magistratura solicitó los archivos de los otros seis, así como de una nueva solicitud que se encuentra en tramitación.
De acuerdo a El Mercurio, entre quienes tuvieron informes desfavorables en el segundo grupo está Cristian Cayupán Queipil, condenado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado de una funcionaria de la PDI, en octubre de 2019 en Pudahuel, respecto de quien el Tribunal de Conducta de Colina 1 advirtió un riesgo medio de reincidencia en abril de 2022.
A juicio de esa instancia, el sujeto «presenta dificultad para establecer un reconocimiento de sus conductas y de los factores de riesgos asociados a los hechos por los que fue condenado, su discurso difiere de los antecedentes presentados en sentencia, advirtiendo que su participación no se encuentra relacionada como fue expuesta en el proceso judicial, desestimado su responsabilidad respecto de la naturaleza y tipificación del delito».
El Gobierno también incorporó en el expediente de Cayupán la carta que envió al Presidente solicitando ser indultado, en la cual señala que no pudo evitar el atropello de la funcionaria, y que no registraba antecedentes penales previos.
En el caso de Francisco Hernández Riquelme, quien tampoco contaba con otros antecedentes previo a ser condenado a cinco años y un día por arrojar artefactos incendiarios en la vía pública, el Tribunal de Conducta de Colina 1 sugirió no otorgar el beneficio en mayo pasado. No obstante, este pasó a estar bajo libertad vigilada intensiva a fines de julio, una vez favorecido por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
«Es posible concluir rasgos de personalidad de tipo antisocial (…) carente de empatía, deshonesta, irresponsable, impulsiva, falta de reconocimiento a las normas y convenciones sociales y escasa capacidad de planificar un proyecto vital», observa el órgano penitenciario.
«JUSTIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN»
Tampoco tenía antecedentes previos Matías Rojas Marambio, condenado a cinco años y un día por elaborar artefactos incendiarios. El Tribunal de Conducta de Colina 1 no recomendó beneficiarlo durante diciembre, puesto que «no logra dar cuenta de la transgresión a la ley, sin visualizar víctimas y aportar una reflexión crítica frente a los hechos delictuales que había cometido».
El último condenado que obtuvo un informe desfavorable es Juan Olguín Rivera, quien cumplía una pena de tres años y un día como autor del delito de incendio, además de 61 días por receptación. Su único antecedente previo consta de una multa por haber sido sorprendido manejando en estado de ebriedad en 2016.
Según lo planteado por el Tribunal de Conducta en julio pasado, pese a tener un nivel de reincidencia «bajo», apreció «muy altas necesidades de intervención en el factor de actitud de orientación profesional, pues existe racionalización y justificación de la infracción de la ley, minimizando su responsabilidad en los hechos y sus consecuencias».
LOS INFORMES FAVORABLES
Dentro del primer grupo, sólo el exfrentista Jorge Mateluna, quien estaba privado de libertad por el robo a un banco en 2013, recibió un informe positivo, mientras que dos beneficiados del segundo grupo de carpetas los obtuvieron también.
El primero es Sebastián Montenegro Coo, condenado a tres años y un día por porte de munición de guerra, y dos penas de 61 días por atentado contra la libre circulación de personas y vehículos y por lanzamiento de objetos contundentes en la vía pública. En tanto, Alejandro Carvajal Gutiérrez enfrentaba cinco años y un día de presidio por el delito de incendio con peligro para las personas, siendo favorecido con pena mixta en diciembre de 2022.
El Pleno del TC deliberará y se pronunciará este martes sobre la constitucionalidad de los primeros siete casos. Al interior del tribunal estiman que los requerimientos de la oposición serán rechazados por cinco votos contra tres.
