Los números han causado indignación. Es que según reveló la Contraloría General de la República (CGR) esta semana, entre 2023 y 2024 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Mientras se inician sumarios y desde el mundo político se comienzan a elaborar propuestas para enfrentar este tipo de abusos, comienzan a conocerse otros números, que no son del todo optimistas.
Una de esas cifras viene desde Horizontal, centro de estudios ligado a Evópoli. Es que en un documento en el que elaboran propuestas para reformar el sistema de licencias, estiman en US$1.543 millones el gasto de Fonasa en este ítem en el sector público, en el año 2023. «52,1% del gasto se destinaría a funcionarios del Gobierno Central y 47,9% a el resto de los trabajadores del sector público, excluyendo a las Fuerzas Armadas», señala el informe.
«El gasto en licencias médicas en funcionarios del sector público equivaldría al 38% del gasto total del país en este beneficio (incluyendo Fonasa e Isapres)», agrega también. Según el documento, además, «aunque la duración promedio por licencia en el sector público es algo menor (10 días vs. 12,6 días en el privado), el mayor número de episodios eleva el total anual a 33,1 días de licencia por trabajador, más del doble que en el sector privado (15,1 días) y más del triple que entre independientes (10,5 días). Este patrón se ha mantenido consistente desde al menos 2017, lo que sugiere factores estructurales en el comportamiento de este grupo».
Menciona, asimismo, que el gasto fiscal en el sistema de licencias médicas y el subsidio de incapacidad laboral (SIL) «se ha visto fuertemente afectado, duplicándose entre 2014 y 2022, pasando de representar el 0,6% al 1,2% del PIB. En 2022, más del 70% del total de cotizaciones a Fonasa se destinó al financiamiento de licencias médicas, desplazando otros usos del presupuesto de salud». El informe señala que uno de los fatores clave del fenómenos es el aumento sostenido de licencias médicas por trastornos de salud mental, que en 2022 representaron el 42% del gasto total en SIL, con un crecimiento acumulado de 442% desde 2015.
«Este tipo de diagnóstico es particularmente prevalente en el sector público, contribuyendo de forma importante al diferencial de uso frente al sector privado», dice el informe.
En sus consideraciones finales, el informe destaca que la «evidencia muestra que el sector público tiene un patrón sistemáticamente más intensivo en el uso de licencias médicas».
En esa misma línea, sostiene que «las cifras del OCEC sugieren que esta diferencia no se explica por condiciones de salud, sino por diferencias institucionales en las reglas que rigen el acceso al subsidio, así como por debilidades en los mecanismos de control y desalineación de incentivos».
Según señala Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal, «este monto es una carga considerable para el Estado, que además debe pagar los reemplazos para los funcionarios ausentes, aumentando la presión sobre el presupuesto público». Indica, asimismo, que «en términos institucionales, esto evidencia fallas en los mecanismos de control y fiscalización, tanto por parte del Estado como empleador como de los organismos encargados de supervisar el correcto uso de las licencias médicas».
Las propuestas Entre las propuestas de Horizontal para enfrentar la situación se encuentra la unificación del régimen del SIL para todos los trabajadores, la aplicación de una tasa de reemplazo decreciente, el fortalecimiento de la fiscalización en base a datos e incentivos presupuestarios a la gestión del subsidio en organismos públicos, entre otras.
