Entre los 22 convenios del Gobierno regional (Gore) de Los Lagos con distintas fundaciones que fueron objetados por Contraloría se cuenta el suscrito con la Corporación Kimün. A dicha corporación, el Gore le realizó una millonaria transferencia, por $1.200 millones, como parte de un convenio destinado a ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio en la región.
Sin embargo, el pasado 17 de julio, el Gore de Los Lagos declaró el término anticipado del convenio de transferencia a dicha corporación, aduciendo diversos incumplimientos, y solicitó el reintegro de los dineros. Ante esto, la corporación presentó un recurso para apelar a la decisión, el que fue rechazado. El Gore interpuso, a su vez, una querella por defraudación y apropiación indebida contra los representantes legales de la corporación.
Asimismo, se iniciaron acciones legales para asegurar el reintegro de los fondos. Se trata de una demanda ejecutiva en que se pide el embargo de bienes de la corporación, así como del aval y codeudor solidario. Sin embargo, según publica diario «El Llanquihue», el vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, sostuvo que «nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, porque esos dineros no los manejó esta corporación».
«Aquí yo quiero hacer una separación. La responsabilidad de quienes firmaron esos documentos en nombre de la Corporación Kimün está en la señora (Rosalía) Currimil –tesorera– y (Jaime) Huincahue –presidente–. Por lo tanto, ellos son responsables de esos recursos, no la corporación, en su totalidad», afirmó. Ñanculef señaló que «el recurso, yo tengo que decirlo responsablemente, hoy día no existe, porque este señor Huincahue en forma verbal me informó a mí que había traspasado 900 millones de pesos al IP y CFT para cubrir y colocar capital de trabajo, para pago de deudas. Pero yo no tengo los antecedentes de respaldo para decir en qué se gastaron los $900 millones, porque tampoco consta que hayan sido sacados de este proyecto».
«Lo hemos citado a dos reuniones para que venga a entregar un informe completo de este proyecto, y de lo que está pasando internamente en el IP y CFT, pero él se ha negado a participar», agregó. Se refiere al IP y CFT Los Lagos –que tiene 9 sedes y atiende a 3 mil alumnos–, cuya administración dependía de la Corporación Kimün, y donde Jaime Huincahue ejercía como rector y Rosalía Currimil como directora general académica.
No obstante, éstos vendieron el IP y CFT Los Lagos el pasado 7 de julio a la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), que preside Diego Ancalao Gavilán, ex candidato presidencial por la Lista del Pueblo que el Servel determinó que presentó firmas ante un notario ya fallecido, y que además se desempeñó como coordinador del programa de saneamiento de títulos de la Corporación Kimün ante el Gobierno regional de Los Lagos hasta el 29 de junio.
«Esta venta nunca fue autorizada por la Corporación Kimün. No hubo acuerdo de directorio y el señor Huincahue y la señora Currimil violaron todos los estatutos; en forma arbitraria, en forma clandestina, vendieron la institución», acusó el vicepresidente de la corporación.
