En medio del escándalo del llamado «caso convenios», la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados tenía previsto escuchar una exposición de la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, este miércoles por la mañana, pero la sesión no se realizó por falta de quórum de los legisladores a la cita.
En la audiencia, que estaba convocada a las 8:30 horas, la autoridad iba a referirse a la labor que realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg), que en junio de 2022 autorizó el polémico instructivo a los auditores de reparticiones públicas señalando que ya no sería necesario reportar los informes trimestrales de transferencias.
De 13 miembros que tiene la comisión, se requería que asistieran cuatro y solo llegaron tres: Johanna Pérez (Demócratas), presidenta de la instancia; Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional) y Juan Fuenzalida (UDI). Este último estaba de manera telemática.
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CÁMARA APROBÓ COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CODELCO
En paralelo, la Sala de la Cámara aprobó la creación de una comisión investigadora, impulsada por la diputada independiente-PPD Marta González, para recopilar antecedentes relativos a las proyecciones de producción e inversiones de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), analizar el preocupante aumento de la tercerización de actividades productivas esenciales de la empresa estatal y fiscalizar los protocolos de seguridad, debido al alza de accidentes fatales de trabajadores.
«Esperamos citar a todos los incumbentes y tener un informe contundente de lo que está pasando en Codelco, y por qué estos números son negativos, además de relevar el temas de los trabajadores y los accidentes fatales que han sido víctimas estos últimos años», dijo la legisladora por O’Higgins.
«Se ha conocido al cobre como el sueldo de Chile, por lo que tenemos que tener un resguardo mayor con nuestras empresas del Estado, y ahora que se ha promulgado la ley del royalty hay que hacer especial énfasis en que las empresas del Estado sean eficientes en el uso de los recursos, y también puedan ceñirse a las normas laborales y a las normas de seguridad», aseguró González.
La comisión desarrollará su mandato en el plazo de 60 días y podrá constituirse, para el cumplimiento de su mandato, en cualquier lugar del territorio nacional.
