El fiscal federal Ramiro González solicitó este jueves que el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) sea juzgado en un juicio oral y público en la causa por violencia de género contra su expareja y ex primera dama Fabiola Yáñez.
En un dictamen presentado ante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal consideró cerrada la etapa de instrucción, resaltó que no existen más pruebas que producir en esta instancia y presentó su requerimiento de elevación a juicio, acusando a Fernández de los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas; lesiones leves, también doblemente agravadas, y amenazas coactivas.
De ser hallado culpable de estos delitos, el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión.
«El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy que el expresidente Alberto Fernández vaya a juicio oral por las lesiones físicas y psíquicas que el año pasado denunció Fabiola Yáñez. También, sostuvo la imputación sobre las amenazas que sufrió la ex primera dama para que no hiciera públicos esos hechos ni los denunciara ante el juez Julián Ercolini», explicó un documento difundido por la Fiscalía.
El texto destacó la acusación del fiscal contra Fernández por haber ejercido «de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad».
Estos actos, añadió, se dieron en el marco de una relación asimétrica de poder y se produjeron «por lo menos desde el año 2016 hasta que la víctima pudo denunciar lo sucedido», en agosto de 2024.
«En el escrito, la Fiscalía analizó las pruebas disponibles y dijo que se trataba de un caso de derechos humanos de las mujeres y remarcó que no iba a consentir prejuicios o estereotipos que pusieran el foco sobre la víctima como una forma de desviar la investigación de las responsabilidades del agresor», detalló el documento.
Entre las pruebas analizadas, provistas tanto por Fernández como por Yáñez, se incluyen historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como la declaración de la denunciante y de una extensa lista de testigos.
Ante el pedido de la Fiscalía, la defensa del expresidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, dispone de seis días para responder, antes de que el juez decida si remite el expediente a un Tribunal Oral Federal.
