La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió este miércoles (01.07.2020) a un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que ratifique la condena a ocho años de prisión contra el expresidente Rafael Correa en el llamado caso Sobornos 2012-2016, en el que se le juzgó por el delito de cohecho.
En el tercer día consecutivo de la audiencia de apelación a la sentencia, Salazar intentó desvirtuar las alegaciones de nulidad del proceso esgrimidas por la defensa de varios acusados, entre los que se incluye Correa y quien fuera su vicepresidente, Jorge Glas, en prisión por otro cargo de corrupción que también niega, además de otras 18 personas.
En la audiencia intervinieron también el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y los abogados de varios de la veintena de imputados en su derecho de réplica a las alegaciones de la fiscal Salazar. Para ella, la sentencia de primera instancia debería ser ratificada, ya que cumple con los principios que la tornan «razonable, lógica y comprensible».
La fiscal solicitó que se rechacen los argumentos sobre la nulidad del proceso y dijo que no quedaba, según ella, dudas sobre la correcta valoración probatoria del tribunal sobre el delito imputado. En tanto, el procurador del Estado dijo que su dependencia se encuentra conforme con la sentencia emitida por el tribunal de juzgamiento, aunque puso reparos sobre el capítulo relacionado con la «reparación integral».
El caso Sobornos juzga una supuesta red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el Palacio Presidencial para la financiación irregular del movimiento político Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
En abril pasado, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión, por su supuesta participación en el delito de cohecho. Sobre Correa, que reside en Bélgica desde que dejó la Presidencia, pesa una orden de arresto. Algunos de los acusado han pedido que se anule la sentencia por considerar que obedece a una supuesta «persecución política» por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, un excorreligionario de Correa convertido desde 2017 en su más acérrimo rival político
