«Si llegamos a esta instancia es porque contamos con una serie de elementos que dan cuenta de los delitos y la participación criminal del imputado», dijo el fiscal Miguel Rojas, luego que el Juzgado de Garantía de Temuco rechazara decretar prisión preventiva para Martín Pradenas.
El hombre de 28 años fue formalizado ayer por una serie de delitos sexuales contra cinco víctimas de entre 13 y 21 años al momento de los hechos. Entre estos se encuentra el caso de Antonia Barra, la joven que en octubre del año pasado se quitó la vida tras asegurar a cercanos haber sido violada por el indagado en una cabaña a la que llegó tras asistir a una discoteca en Pucón.
Sin embargo, los casos fueron siendo desestimados de una u otra forma en sede penal.
Entre ayer y hoy, el tribunal declaró la prescripción de los abusos que habrían ocurrido en 2010 y 2014 contra jóvenes de entonces 16 y 19, respectivamente. Así también, se indicó que en base a los antecedentes expuestos, solo se puede dar hoy por acreditada la violación contra Antonia, quedando así dos abusos y una violación contra tres mujeres sin sustento suficiente.
Considerando aquello, el magistrado Federico Gutierrez dictó las cautelares de arresto domiciliario total en una residencia cuya dirección se mantendrá en reserva, arraigo y la prohibición de acercarse a las víctimas.
La decisión no fue compartida por el Ministerio Público, desde donde anunciaron apelación indicando la existencia de evidencia que «permite corroborar los dichos de las víctimas».
«Bajo esa perspectiva entendemos que la resolución, a través de la cual se ha pronunciado el tribunal de Garantía de Temuco que no ha dado lugar la medida cautelar de prisión preventiva, es una decisión que no compartimos». dijo Rojas.
El fiscal recalcó que «se trata de una resolución preliminar, que no se encuentra firme», criticando que esta no recogiera todos los elementos probatorios expuestos al momento de dar por no acreditados tres delitos.
En base a la evidencia aportada, el magistrado desestimó dos abusos sexuales -uno contra Antonia y otro contra una menor de entonces 13 años- y una violación a una joven de 20 años al momento de los hechos.
En el caso del abuso de Antonia, ocurrido poco antes de la violación cerca de un supermercado y en momentos que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol, según indicó el Ministerio Público, el tribunal indicó, entre otras cosas, que «no es posible para el tribunal inferir privación de sentido e incapacidad de oposición que atribuye la fiscalía».
Ante ellos, Rojas aseguró: «Es una resolución que en su fundamento no compartimos en absoluto, por cuanto deja de analizar y no valora ciertos elementos que son relevantes a la hora de determinar la existencia de cada uno de los delitos».
Detallando que en esta no se menciona el informe pericial que da cuenta que Antonia Barra «no se encontraba dentro de las capacidades para poder consentir en materia sexual» y que «sin perjuicio de eso, el tribunal da por alto eso y no da por acreditado abuso sexual».
Rojas cerró indicando que la necesidad de prisión preventiva se explica «no solamente por el número de delitos, sino por el carácter de los mismos»: «La manera sistemática y reiterada en que el imputado cometió estos delitos, procurando favorecer su consumación, aprovechándose de situaciones en que las víctimas se encontraban incapacitadas para oponerse. Bajo esa perspectiva el Ministerio Público entienden que las penas asignadas al delito dan cuenta que hay un peligro para la seguridad de la sociedad».
Cerca de ocho horas duró ayer la audiencia en que se formalizó, decretó sobreseimiento por prescripción y discutió la medida cautelar a aplicar, revelándose una serie de antecedes.
Fiscalía y querellantes acusaron un actuar reiterado por parte del imputado, presentando grabaciones en que Antonia relataba lo ocurrido, videos, declaración de testigos, y otro tipo de peritajes.
«(El caso de Antonia) permitió vislumbrar la existencia de múltiples otras víctimas de agresiones sexuales proferidas de manera sistemática por el representado de la defensa. Los hechos que afectaron a Antonia permitieron conocer que a quién sindicó como autor en diversos elementos, autor del ataque sexual que sufrió, venía ejecutando ese mismo tipo de conducta por lo menos desde el año 2010», acotó el fiscal.
En tanto, los representantes de la familia Barra indicaron que tras la muerte de la joven, Pradenas usó una identidad falsa para ingresar a un grupo de Whatsapp en el que se exigía justicia para Antonia.
«Esa intromisión ocurre hasta que la propia PDI incauta ese nuevo número de celular que, según las declaraciones, le habría entregada a su madre», sostuvo el abogado Alejandro Guzmán.
Se acusó además que Pradenas habría borrado miles de archivos desde su computador y que su madre destruyó su teléfono celular tras la muerte de Antonia.
En tanto, el abogado del imputado, Gaspar Calderón, solicitó el sobreseimiento de dos de los hechos imputados debido a la prescripción de la responsabilidad penal, petición a la que accedió el tribunal.
Así también, cuestionó el enfoque de género que, según la fiscalía, debería aplicarse en el caso, abogando por «la justicia y el equilibrio», como también algunos testimonios de testigos, y asegurando que el suicidio de la joven no fue por la presunta violación.
Dijo además que «aquí estamos frente una relación consentida» y que «la embriaguez es un tema de largo debate. No es fácil. Pero lo que sí puedo es decir es que no es pérdida de conciencia total ni incapacidad de oponer resistencia. Aquí hubo oportunidades para que ella pudiera denunciar, acusar, resistirse, llamar al que iba pasando».
Y agregó: «Nunca vamos a saber qué pasó por el corazón y cabeza de Antonia Barra, es muy difícil».
El litigante criticó además las imputaciones y amenazas realizadas a través de redes sociales a Pradenas y su familia. «El juicio ya está hecho», cerró.
Fuente: Emol.com
