El Ministerio de Educación anunció en mayo del 2022 que realizaría un catastro para medir el déficit en infraestructura de establecimientos escolares y jardines infantiles públicos, sin embargo, éste finalmente no se llevó a cabo debido a la falta de oferentes en la licitación.
Según consignó El Mercurio, inicialmente se planteó una inversión de alrededor de 3.400 millones de pesos para el registro, cuya última versión data de la segunda mitad del 2012. En un inicio la idea era replicarlo 10 años más tarde, durante la segunda mitad de 2022, con un total de 11.500 los establecimientos que podrían ser inspeccionados.
Dicha cartera no tiene una obligación legal de llevar adelante la medición, pero fue anunciada como un compromiso hacia un nuevo «paradigma educativo», y porque los sostenedores de establecimientos públicos urgen por más apoyo en infraestructura, por lo que se ha señalado que es clave identificar dónde enfocar los recursos.
Pese a lo anterior, el ministro Marco Antonio Ávila reconoció esta semana, ante diputados y senadores de las comisiones de Educación del Congreso, que la licitación para dicho catastro nacional se declaró desierta porque no hubo oferentes.
En la misma instancia, el director de Educación Pública, Jaime Veas, explicó que «el país se dividió en siete macrozonas, y respecto de la presentación de propuestas recibimos tres, y ellas están fuera de bases. En los otros casos no recibimos propuestas (…), por lo tanto, tenemos que avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio».
Desde la Dirección de Educación Pública (DEP) indicaron al matutino que el catastro «es un compromiso de nuestra administración, y la DEP dará continuidad a este proyecto, para lo cual está analizando las opciones que permitan adjudicarlo».
La administración anterior tuvo la intención de llevar adelante el catastro, pero finalmente sólo quedó en el piloto, que se aplicó en 2020 en 311 recintos de cuatro Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): Valparaíso, Atacama, Colchagua y Llanquihue
Ese proceso detectó que en esos establecimientos existía un deterioro promedio del 14,4% en la infraestructura, lo que equivale a un rango «bajo» o «leve», mientras que el Catastro de Infraestructura Escolar 2012-2013 reveló que en ese momento había un promedio nacional de 20,7%, con marcadas carencias en los servicios higiénicos.
