Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que, solo durante 2025, se detectaron 35 casos de personas con prohibición absoluta para trabajar con menores cumpliendo funciones públicas, vulnerando el marco legal que protege a niños, niñas y adolescentes en instituciones del Estado.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una alerta institucional tras identificar que, durante el periodo 2025, un total de 35 personas que cuentan con inhabilitación absoluta para trabajar con menores de edad se encontraban desempeñando funciones en diversas entidades públicas. Estas labores implicaban una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes, contraviniendo directamente la normativa de protección de derechos fundamentales.
El hallazgo se desprende del 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), documento que expone una realidad aún más compleja al extender el análisis temporal: entre 2020 y agosto de 2025, se han advertido 164 casos de personas inhabilitadas contratadas para ejercer cargos con contacto directo con menores. Según el reporte, son 72 las instituciones del Estado involucradas en estas contrataciones irregulares.
El marco legal vulnerado corresponde a los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, los cuales establecen la inhabilitación absoluta —ya sea perpetua o temporal— para condenados por delitos sexuales contra menores. La ley mandata que toda institución debe verificar los antecedentes en el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de concretar cualquier vínculo laboral.
Ante la gravedad de los antecedentes, el ente contralor instruyó a las entidades afectadas dar cumplimiento inmediato a la ley, considerando además las normativas sobre nombramientos inhábiles de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. La CGR ordenó iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y exigió un reporte de las acciones tomadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Este informe reafirma la función fiscalizadora de la Contraloría en materia de infancia, instando a los organismos públicos a robustecer sus filtros de selección para garantizar que personas condenadas por delitos de esta índole no tengan acceso a espacios de cuidado o atención de menores de edad.
Fuente: Paislobo.
