El tema de la polémica ley de reconciliación nacional, aprobada en febrero pasado por el Congreso de El Salvador y que es rechazada por las víctimas de la guerra civil (1980-1992), volvió este viernes (30.10.2020) a la palestra pública, tras meses de silencio por las partes involucradas.
La Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada el 26 de febrero en una sesión extraordinaria convocada por urgencia por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ante el vencimiento de un plazo otorgado por el Supremo para su aprobación.
De inmediato la normativa fue rechazada por diversos sectores, con mucha más fuerza por las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la guerra, que dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
La ley también recibió un portazo del presidente del país, Nayib Bukele, quien la vetó y la mandó al Congreso, donde los diputados debían de superar el veto, situación que no fue posible y el tema quedó en el congelador.
Ocho meses después de la aprobación y el veto de Bukele, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) citó al mandatario salvadoreño, quien mandó a un representante, al titular de la Asamblea Legislativa y a otros actores involucrados en el tema a una audiencia de seguimiento oral, realizada hoy.
Ponce dijo durante su intervención que el proceso para la formación de la ley fue objeto de estudio, discusión y consulta a diversos sectores, con lo que cumple con los parámetros establecidos en una sentencia del Supremo, a pesar de que las organizaciones sociales señalan que es una «amnistía de facto».
La Sala de lo Constitucional anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano Legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra.
«Dicha ley, honorable sala, cumple los parámetros de los términos ordenados en la sentencia, así como con los principios del derecho internacional de los derechos humanos». apuntó.
Ponce manifestó que debido a la pandemia de la COVID-19 «no se ha podido retomar la discusión para superar el veto del presidente Bukele» y señaló que el próximo miércoles la comisión Política del Congreso retomará el estudio.
Ley «inconstitucional»
Por su parte, el representante de la Presidencia, José Ángel Pérez, señaló, como ya lo había expresado Bukele, que el veto a la ley fue porque se considera «inconstitucional» y «el presidente ha señalado que no sancionará una ley que no cumpla con las exigencias de las víctimas».
Al ser consultado por los jueces del Supremo sobre qué se consideraba inconstitucional, no supo responder y tampoco logró responder sobre las acciones que realiza el mandatario para evitar la impunidad a favor de los autores materiales e intelectuales de crímenes de guerra.
La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.
El representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Julio Larrama, reiteró que la ley «posee elementos que afectan sus facultades para investigar y procesar a los involucrados en crímenes de guerra».
«Limitar las acciones penales a crímenes registrados antes de 1980 podría afectar los derechos de las víctimas», subrayó. Larrama llamó al Parlamento a tomar especial atención a este punto para «judicializar los hechos para dar a las víctimas la justicia que reclaman».
La activista Ima Guirola pidió al Supremo durante su intervención que imponga un plazo perentorio e impostergable al Congreso para la finalización y aprobación de una ley de justicia transicional que responda a las exigencias de las víctimas.
«Es importante que esta honorable sala imponga un plazo a la Asamblea (Legislativa) para la finalización de una ley acorde a lo que las víctimas han exigido durante tantos años», manifestó.
Por su parte, el procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, pidió al Supremo que «tenga por inconstitucionales varias disposiciones de la ley aprobada y se incorpore la obligación de apertura de los archivos militares».
La audiencia concluyó sin ninguna resolución y los cinco magistrados analizarán los documentos que los participantes les proporcionaron.
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