El Ejército de Tierra ha prohibido a los militares que luchan contra la COVID-19 volver a sus domicilios después de sus turnos de trabajo, unos desplazamientos que se autorizaron en principio pero que han motivado que alguno haya sido multado con hasta 600 euros por incumplir el decreto de alarma.
Los militares, afirma la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) en un comunicado denunciando esta decisión, tienen la obligación de fijar su residencia habitual en el lugar donde están destinados, pero muchas veces viven en otras localidades.
Este ha sido el caso de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan en la operación Balmis de lucha contra el virus que estos días, después de cumplir turnos de hasta una semana seguida, regresaban a sus hogares para pasar allí sus jornadas descanso.
Lo hacían, ha explicado a Efe Marco Domínguez, de la asociación Militares con Futuro, cumpliendo una orden anterior del Ejército de Tierra por la que se permitían estos desplazamientos cumplimentando un escrito que les firmaba un superior y les valía de justificante. Sin embargo, a alguno de ellos este justificante no les ha servido en controles de carretera y les han impuesto multas de 600 euros.
Después de estos hechos, el Ejército de Tierra remitió un oficio, al que ha tenido acceso Efe, en el que se informa de nuevas directrices impartidas por el Jefe de Estado Mayor General del Ejército (JEME), Francisco Javier Varela, según las cuales solo se permiten desplazamientos entre el lugar de residencia y el de trabajo (cuando el municipio de trabajo tiene que ser el de residencia).
Y añade la orden que «no se consideran como domicilios habituales los de residencia familiar o aquellos a los que el personal militar se desplazaba los fines de semana o periodos de descanso».
En situaciones normales, afirma ATME, no suele existir problema en que los militares se desplacen «los fines de semanas o periodos prolongados de descanso», pero denuncia que ahora «miles de militares se encuentran realizando turnos de trabajo de varios días continuados, sin horario establecido, se encuentran con la decisión repentina del Ejército de prohibir los desplazamientos a otro lugar que no sea la residencia habitual (destino) y posterior regreso».
Ello ha provocado, dice ATME, que «miles» de militares hayan «tenido que llamar a sus familias para decirles que no pueden acudir a sus casas, que no pueden ir a ver a sus hijos y que no pueden volver a su domicilio familiar cuando terminan su trabajo, como hacen el resto de los ciudadanos». Y añade que los que se encuentran desplazados tendrán que permanecer en alojamientos logísticos en los que, en algunos casos, comparten habitación «con dos o tres compañeros más».
González, por su parte, se pregunta qué va a pasar con las multas después de que los militares se hayan limitado solamente a desplazarse «cumpliendo unas indicaciones que vienen de su cadena de mando». Y por ello insta al Ministerio de Defensa a que se haga cargo de esas multas y resuelva el problema, porque «no puede ser» que los militares «trabajen en un ambiente de inseguridad jurídica.
