El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido este miércoles una recompensa de hasta diez millones de dólares por información que conduzca a la identificación de personas que trabajen con o para gobiernos extranjeros con el propósito de interferir en las elecciones presidenciales a través de actividades cibernéticas “ilegales”.
En un comunicado, el Departamento de Defensa ha precisado que la recompensa, enmarcada en el programa de recompensas de la agencia que administra el Servicio de Seguridad Diplomático, tiene el objetivo de identificar o localizar a personas que ayuden o inciten a violar una norma relacionada con “el fraude y el abuso informático”.
Así, las personas que estén involucradas en operaciones cibernéticas «maliciosas» dirigidas contra la infraestructura de las campañas electorales o de los comicios, previstos para el 3 de noviembre, pueden ser objeto de un proceso penal bajo la ley mencionada, que criminaliza «las intrusiones informáticas no autorizadas y otras formas de fraude» relacionadas con la informática.
Entre otros delitos, la norma “prohíbe el acceso no autorizado a ordenadores para obtener información y transmitirla a destinarios no autorizados”, ha avisado el Departamento de Estado.
Por otra parte, a finales de julio, el Departamento de Justicia acusó a dos hackers chinos de robar cientos de millones de dólares en secretos comerciales de empresas de todo el mundo y, más recientemente, de atacar a las empresas que desarrollan una vacuna para el coronavirus.
La acusación, que será detallada en conferencia de prensa, señaló que los hackers Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33, en los últimos meses habían investigado las vulnerabilidades en las redes informáticas de empresas conocidas públicamente por su trabajo en el desarrollo de vacunas y tratamientos.
Los hackers acusados estaban trabajando con el Ministerio de Seguridad Estatal de China, según afirmó John Demers, fiscal general asistente de Seguridad Nacional de EEUU. Además, también apuntaban sus ciberataques contra activistas de derechos humanos en Norteamérica y Hong Kong.
Las autoridades estadounidenses creen que Li y Dong están en territorio chino, fuera del alcance de la justicia norteamericana. Según los fiscales, en algunas instancias actuaron “por su beneficio personal” y en otras para dar ventaja al gobierno chino.
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