La suspensión temporal de las obras de construcción del futuro centro de régimen cerrado del Servicio Nacional de Menores de Los Lagos dictó hoy la Inspección Provincial del Trabajo al constatar graves riesgos para la vida y salud de los más de 300 trabajadores que laboran allí, tanto para la empresa principal como para cuatro firmas contratistas.
La decisión fue adoptada luego de una fiscalización hecha por un equipo de la inspección provincial del Trabajo, encabezado por el director regional Mauro González, en conjunto con el experto en prevención de riesgos regional del Ministerio de Obras Públicas, Juan Ojeda.
Días atrás la Dirección Regional del Trabajo y la Seremi de Salud acordaron una labor conjunta contra el Covid-19 definiendo un plan inspectivo y la atribución del primer organismo para investigar en exclusiva durante la emergencia los accidentes laborales.
Respaldado en el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y que permite a la Dirección del Trabajo suspender faenas ante riesgos inminentes, el equipo fiscalizador decidió aplicar esta última medida, que durará hasta que la empresa ByC, a cargo de las obras, demuestre que ha corregido todas las infracciones detectadas hoy.
Los riesgos detectados, fueron especificados por Mauro González, quien explicó que se trata de deficientes instalaciones eléctricas, zanjas sin cierres perimetrales, uso deficiente de los elementos de protección personal, como mascarillas no reutilizables con exceso de uso, y no respeto del distanciamiento físico, especialmente en el casino, donde al momento de la inspección había un número excesivo de trabajadores.
González agregó que “la suspensión temporal de la obra es una decisión que tomamos ante el grave riesgo que corrían los trabajadores, porque es nuestro deber principal –en tiempos normales y de emergencia sanitaria- proteger su vida y su salud”.
Sin perjuicio de la medida de suspensión, la Inspección Provincial del Trabajo estudiará todos los antecedentes recabados para decidir la posible aplicación de multas. En el ámbito de la higiene y seguridad se pueden aplicar sanciones por hasta 60 UTM por cada infracción, equivalentes hoy a poco más de 3 millones de pesos.
