El parlamentario de la UDI sostuvo que el aumento de menores involucrados en delitos violentos obliga a actualizar la legislación vigente. Además, llamó a acelerar la tramitación de una iniciativa que impide borrar los antecedentes penales de adolescentes al cumplir los 18 años.
El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, hizo un llamado al Gobierno a poner suma urgencia a una serie de iniciativas destinadas a enfrentar el creciente protagonismo de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales, asegurando que «el país ya no puede seguir respondiendo con leyes que fueron diseñadas para una realidad completamente distinta».
El parlamentario gremialista señaló que los hechos de violencia registrados durante las últimas semanas, sumados al aumento sostenido de adolescentes involucrados en robos, homicidios y otros delitos de alta connotación social, evidencian la necesidad de actualizar el marco legal para responder con mayor eficacia a la crisis de seguridad.
«Hoy vemos cómo bandas criminales reclutan a menores porque saben que enfrentan consecuencias mucho más bajas que un adulto. Esa realidad terminó transformándose en un incentivo para el crimen organizado y el Estado no puede seguir mirando hacia el lado», afirmó Lilayú.
Por ello, respaldó el proyecto presentado por su Bancada (UDI) que propone rebajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años y permitir que los mayores de 16 años que reincidan o participen en delitos especialmente graves puedan ser sancionados bajo las normas aplicables a los adultos.
El legislador sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en la edad, sino también en la capacidad del sistema para responder frente a quienes han hecho del delito una conducta reiterada.
«Las familias esperan que la justicia proteja primero a las víctimas. La reinserción es importante, pero cuando existe reincidencia o delitos extremadamente violentos, el Estado tiene el deber de actuar con firmeza y entregar una señal clara de que estos hechos no quedarán impunes», señaló.
Lilayú también solicitó acelerar otro proyecto impulsado por parlamentarios de la UDI que busca impedir que los antecedentes penales de menores sean eliminados automáticamente al cumplir los 18 años, argumentando que esa información resulta indispensable para perseguir eficazmente la reincidencia.
«No tiene sentido que una persona pueda acumular múltiples condenas siendo menor de edad y que, al llegar a la adultez, esos antecedentes desaparezcan como si nunca hubieran existido. La reincidencia debe poder acreditarse para que los tribunales cuenten con todos los antecedentes al momento de sancionar», manifestó.
Finalmente, el diputado Daniel Lilayú aseguró que el Congreso tiene la responsabilidad de abrir un debate serio sobre la responsabilidad penal adolescente y afirmó que «las cifras demuestran que el fenómeno cambió y la legislación debe cambiar con él. Si queremos recuperar la seguridad de los barrios, debemos entregar mejores herramientas a la justicia y cerrar los espacios que hoy aprovecha el crimen organizado para utilizar a menores como escudos frente a la ley».
Fuente: Comunicaciones diputado Daniel Lilayu.
