Desde mediados de julio del 2022 que la reforma tributaria está radicada en la comisión de Hacienda de la Cámara y este martes, a las 10.00 horas, se espera que comience la votación en la Sala por parte de los diputados y diputadas. Debate que se realizará en una doble sesión, extendiéndose también al día miércoles.
Este proyecto, considerado como la columna vertebral de la administración del Presidente Gabriel Boric, pues con ella se pretende financiar la mitad de las transformaciones que tiene en carpeta el Gobierno, se encuentra recién en su primer trámite constitucional y se espera que sea un debate de largo aliento por las discrepancias que levanta en documento en los sectores de oposición.
«Si no hay cambios no solo la votaremos en contra, sino que además el ministro Marcel pulverizará su prestigio», fueron las declaraciones del diputado Guillermo Ramírez (UDI) que marcaron un antes y un después en el tono de la oposición ad portas del inicio de las discusiones de las reformas más importantes del Gobierno: tributaria y previsional. Disconformidad que ya ha sido manifestada por los diputados Frank Saurbaum (RN) y Agustín Romero (Republicano) en la comisión de Hacienda. Postura que fuera respaldada por el diputado Andrés Longton (RN), quien dijo que «las reformas son mejorables, no nos gustan, encontramos que no son buenas».
«Lo más probables es que la tributaria la rechacemos, pero que algunos aspectos como temas de evasión y elusión lo aprobemos», añadió. Por su parte el diputado republicano, Luis Fernando Sánchez, adelantó que no apoyarán la reforma tributaria.
«El foco del Gobierno está mal puesto porque están pensando en cómo subir los impuestos en un contexto de crisis económica. Cómo subir los impuestos en un contexto cuando quienes invertir y generar empleos están dudando. En un contexto en que los sueldos están barajando y no se han podido ajustar a la inflación», argumentó Sánchez.
¿Qué es lo que hay que saber?
Un vez que la comisión de Hacienda aprobó en general la idea de legislar, el Ejecutivo presentó una batería de 27 indicaciones con las que se buscaba perfeccionar el proyecto y revertir las críticas que se forjaron en sus inicios. Políticas de incentivo a la inversión, cambios a la agenda antielusión y retrasar el auto de cargas impositivas fueron algunas de las medidas. Con ello, la recolección esperada se redujo desde 4,1% a 3,6% del PIB en régimen.
Lo anterior quiere decir que el objetivo del 0,6% del PIB para 2023 se mantiene; pero se ajusta en cinco décimas el 2024, el 1,4% del PIB; en la misma magnitud en 2025, a 2,7% del PIB; y luego en seis puntos porcentuales a 3,5% en 2026.
El régimen se concretaría, entonces, en 2027. Algunos de los principales elementos de esta reforma buscan incrementar la recaudación por medio de instrumentos progresivos tales como el establecimiento de un sistema dual de impuesto a la renta, el aumento del impuesto a las rentas más altas del trabajo, un royalty a la gran minería del cobre, instrumentos que gravan el patrimonio y la reducción de exenciones tributarias.
La última sesión de la Comisión de Hacienda A fines de enero, antes de que comenzara el receso legislativo de los parlamentarios, la comisión de Hacienda sesionó por más de seis horas hasta el total despacho del proyecto a la sala. En esa oportunidad, los parlamentarios aprobaron por siete votos a favor y cuatro en contra (los de oposición) el artículo que establece un impuesto al patrimonio.
Específicamente, el gravamen establece a los residentes o domiciliados en Chile un impuesto a la parte del patrimonio que supere los 6.000 UTA (US$4,9 millones).
Ahora, la tasa que se aplica varía según el monto del patrimonio: hasta 6.000 UTA, US$4,9 millones, queda exento; entre 6.000 a 18.000 UTA (US$4,9-US$14,7 millones) tendrá una tasa de 1% y a los que posean un patrimonio sobre 18.000 UTA, esto es más de US$14,7 millones, la tasa será de 1,8%.
Además, en esa sesión se aprobaron la mayoría de los artículos correspondientes a la creación de un registro nacional de Personas Beneficiarias Finales, que tiene el objetivo de generar una mayor transparencia en la actividad empresarial con énfasis en aquellos que reciben fondos públicos. Este registro permite mejorar las labores de fiscalización en ámbitos como los impuestos o lavado de activos o delitos financieros.
