El escándalo desatado en Bolivia por la compra de respiradores con un sobreprecio millonario llevó este miércoles a la detención del ministro de Salud, Marcelo Navaja. Hasta ayer el responsable de la política sanitaria del Gobierno interino había descartado la existencia de irregularidades en la adquisición de 170 ventiladores a una empresa española. Junto a él, también fueron aprehendidos dos consultores de la institución que financió la operación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que inicialmente había respaldado esta compra para hacer frente a la covid-19. La situación de Navajas, que todavía no ha sido apartado de su cargo, dependerá del curso que tome la investigación policial.
Estas detenciones, que se añaden a la de un funcionario de mediano rango, se producen horas después de que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, acorralada por las investigaciones periodísticas, manifestara su intención de afrontar el caso con mano dura. “Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles». “Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”, manifestó Áñez en Twitter. La semana pasada fue ella quien, en un acto público, anunció la compra de esos ventiladores.
La prensa boliviana ha determinado que cada uno de los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tiene un precio de fábrica de 7.194 dólares. Pero el Gobierno interino pagó –a uno o varios intermediarios, un detalle que todavía no se ha esclarecido– más de 4,7 millones de dólares por 170 máquinas; esto significa que cada una le costó 28.000 dólares. El Ejecutivo boliviano decidió hacer esta compra directamente en España, según los primeros datos por medio de su cónsul en Barcelona, David Pareja, pese a que una importadora local le había ofrecido traer los mismos equipos al país por 12.500 dólares la unidad.
Esos respiradores también fueron objetados por las asociaciones médicas nacionales, por un motivo distinto a su precio. En cartas y comunicados públicos, los especialistas señalaron que estos aparatos no eran de terapia intensiva sino de asistencia en emergencias, y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de covid-19. GPA Innova ha respondido en los periódicos bolivianos que, si bien estos equipos han sido recientemente desarrollados y todavía están esperando algunas certificaciones europeas, han funcionado bien en la lucha contra la enfermedad en España y que, “en su versión más avanzada”, son útiles para terapia intensiva. El modelo que adquirió Bolivia es el básico, así que la empresa y los intermediarios han ofrecido cambiar las 170 unidades ya entregadas por el modelo apto para terapia intensiva, sin costo para el país. Esta oferta ha despertado más sospechas que alegría en el país andino.
Hasta ayer, Bolivia registraba 4.263 casos de covid-19 y 174 personas fallecidas. El 81% de los casos se encuentra en los Departamentos (Estados) orientales de Santa Cruz y del Beni, cuyos servicios médicos están colapsando. Como en otras partes del mundo, la necesidad más sentida en estos lugares son camas disponibles en las de por sí pocas –alrededor de 67– unidades de terapia intensiva de las que disponen estas regiones.
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