«Estos hechos (de violencia) no son comparables a la situación que viven las regiones de La Araucanía y del Biobío», aseguró este lunes la delegada presidencial de Los Ríos, Carla Peña, al ser consultada sobre el último ataque incendiario registrado en la región, en específico en la comuna de Paillaco, donde 13 camiones resultaron destruidos.
En entrevista, la autoridad regional condenó este atentado y adelantó un importante trabajo investigativo para dar con los responsables, advirtiendo -en tanto- que no se tratan de situaciones comparables a las ocurridas en otras regiones de la Macrozona Sur, dado que «estos son hechos (de violencia que) tienen una condición nacional, pero no es un estado permanente».
Para hacer frente a esta problemática en Los Ríos, Peña explicó que el Estado y el Gobierno están con un constante trabajo en conjunto «con las comunidades de nuestro territorio, esto a través del diálogo y de la muestra de la oferta programática que tenemos».
«Por eso hemos creado el Plan Buen Vivir como Gobierno, por eso estamos hablando también de la Comisión de Paz y Buen Entendimiento. Y es por eso también que el Presidente Boric durante la semana pasada estuvo (en la Macrozona Sur) firmando acuerdos, para seguir trabajando de forma permanente con instituciones y comunidades», puntualizó.
En cuanto al detalle de los ataques violentos registrados en la región, la delegada afirmó que aunque tienen un patrón común, en especial el que «tiene que ver con la quema tanto de maquinaria como también de otro tipo de cosas que están presentes en las empresas», han observado que «las condiciones han sido distintas».
«La forma en cómo se realiza es parte de la materia de investigación. Cada uno (de los atentados), de acuerdo a la información que se ha planteado tanto por la Fiscalía como también por los procesos investigativos, tiene condiciones distintas. Por tanto, el proceso tiene que ver con cosas distintas», puntualizó la autoridad.
Finalmente, Peña reiteró el rechazo del Ejecutivo a «este tipo de hechos que alteran el derecho de transitar libremente por las personas -el Estado de derecho- y también afecta a un sector productivo de nuestro territorio regional».
«Como gobierno estamos muy ocupados y preocupados en esta temática», cerró.
