El convencional del distrito 25, Harry Jürgensen Caesar presentó tres propuestas de normas constitucionales para el establecimiento de la categoría jurídica de “Maritorio” en la Nueva Carta Magna del país, la creación de una nueva institución denominada “Defensor del Pueblo” y la implementación del sistema “Control de mérito” en el sistema público.
“Las propuestas que he presentado junto al apoyo de otros 11 convencionales obedecen al mandato de la ciudadanía del distrito 25”, comentó el convencional del distrito 25, Harry Jürgensen.
La primera propuesta de articulado para el establecimiento del “Maritorio” como una categoría jurídica en el país nace del diálogo constante que el ex intendente y actual convencional ha tenido con la ciudadanía y trabajadores del mar en la Región de Los Lagos, quienes por años han visto que este territorio carece que regulación, aun cuando nuestro país tiene más territorio marítimo que terrestre.
Es por ello, que Jürgensen Caesar propuso el siguiente artículo: “El Estado de Chile reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica, que reconozca sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico”.
La segunda iniciativa de norma constitucional se refiere al “Defensor del Pueblo”, en el sentido que exista una institución que actúe frente a una omisión o acción del Estado cuando se violen los derechos ciudadanos, como, por ejemplo, el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación.
En este ámbito la propuesta de articulado instruye específicamente que “el Defensor del Pueblo se constituirá en un órgano colegiado autónomo e independiente, compuesto de cinco miembros, que actuará no sujeto jerárquicamente a ninguna autoridad. Su finalidad es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses, tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración del Estado y el control y vigilancia del ejercicio de las funciones administrativas públicas, debiendo comprender la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos”.
Y la tercera propuesta de norma constitucional ingresada corresponde al “Control de mérito” en el sentido de entregarle el mandato a Contraloría General de la República para que verifique el objetivo principal de cada una de las inversiones públicas para mejorar la eficiencia y eficacia de la inversión pública y los gastos públicos, ya que se creará una institución que revisará y verificará el cumplimiento de los objeticos, “ya que en mis funciones públicas he visto que lamentablemente casi el 50% de los proyectos no cumplen los objetivos principales”, acotó el convencional.
En este sentido se propone crear un artículo que indica: “Corresponderá a la Contraloría General de la República implementar un sistema denominado Control de Mérito y Ejecución Efectiva del Gasto y la Inversión de los Fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, debiendo examinar la efectiva consecución de los objetivos predefinidos y perseguidos y su recta ejecución”.
Estas propuestas una vez ingresadas pasarán a discusión en las próximas sesiones de la Convención Constitucional.
