La Contraloría Metropolitana de Santiago determinó que, entre agosto de 2021 y febrero de 2022, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entregó el IFE Laboral a «postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos».
Así lo establece el informe final de una auditoría y un examen de cuentas efectuado a la repartición, que precisa que entre los mal beneficiados había personas que estaban contratadas por un empleador del Estado, que no cumplían con el requisito de cesantía, o que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios, lo que en teoría imposibilitaba que pudiesen acceder al mismo, publicó La Tercera.
En esa línea, el ente contralor ordenó restituir de forma íntegra, y en un plazo de 60 díasdesde que se reciba el citado informe, los fondos mal gestionados, cuyo total asciende a 3.574.640.527 de pesos.
De ese monto, 435.905.117 de pesos llegaron a personas contratadas por un empleador estatal, 579.351.832 de pesos a quienes no estaban cesantes y 2.559.383.578 de pesos a los que prestaban servicios al Estado como honorarios, consigna el documento.
Junto con esto, Contraloría estimó que Sence deberá realizar una revisión acabada de los montos entregados a empleadores estatales, solicitándoles que exijan el reintegro del beneficio a quienes incumplían con los requisitos, desde el 1 de agosto de 2021 hasta la fecha.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
Por otra parte, los auditores enumeraron una serie de falencias respecto a la contratación de servicios a través de la empresa Manpower en el mismo periodo, con el fin de apoyar «la gestión de información y atención de los beneficiarios», por lo que la Contraloría instruyó realizar un sumario administrativo para dilucidar posibles responsabilidades de funcionarios de Sence.
Entre dichas fallas, se menciona que la contratación no se ajustó a derecho; que faltó acreditar la experiencia laboral de los funcionarios de la misma; que hubo pagos por servicios no contratados; incumplimientos en la elaboración y notificación de programaciones de resoluciones; falta de documentación para pagos; falta de aprobación de informes mensuales, y emisión de informes mensuales incompletos.
Sumado a la investigación interna, como no se cursaron las multas respectivas a la empresa por la falta de informes mensuales, también se determinó formular reparos al Sence por 832 UTM, cifra que equivale a casi 52 mil 500 millones de pesos.
«FALTA DE FISCALIZACIÓN»
La Contraloría también llegó a la conclusión de que el servicio incurrió en retrasos en los pagos del IFE Laboral, puesto que en ciertos casos se pagó con posterioridad a las fechas fijadas por la misma entidad.
Además, se evidenciaron demoras en las respuestas a postulantes, y que al cierre del proceso auditado, había al menos 258 solicitudes sin respuesta.
En vista de estos resultados, el ente contralor ratificó una «falta de fiscalización por parte de la entidad auditada a las personas beneficiarias del IFE Laboral», e instó al Sence a hacer lo necesario para impedir que situaciones similares se repliquen en el tiempo.
Parte de las medidas propuestas son «actividades de control que aseguren que se incluyan las distintas líneas de acción del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo en su plan de fiscalización», y también «gestiones concretas con las instituciones involucradas en la entrega de información, con el tiempo necesario para realizar las validaciones pertinentes para la concesión del beneficio; y de esta forma, prevenir pagos retrasados».
