La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este jueves su informe final sobre las indagatorias que llevó adelante por los contratos entre la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD), y la Secretaría General Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, que dieron inicio al denominado «caso convenios»; documento que constató que existió corrupción.
La información recabada se le remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa.
Los hallazgos fueron confirmados por el contralor Jorge Bermúdez en televisión.
«No hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos», alertó el fiscalizador de la República en conversación con 24 Horas (Televisión Nacional).
El Presidente Gabriel Boric, quien a la hora de la emisión de la entrevista a Bermúdez encabezaba la Cena Anual de la Minería, organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), dijo en su discurso: «Mientras nosotros estamos reunidos acá me contaban que estaba el contralor de la República dando una declaración y señalando que en el caso de Democracia Viva hay corrupción. Y qué bueno que se sepa de manera clara y categórica».
El Jefe de Estado aseguró que «quienes cometan actos de corrupción en nuestro Gobierno, sean cercanos o lejanos, sea en este Gobierno, del Gobierno anterior o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra».
Y reiteró: «Desde el Gobierno (habrá) toda la cooperación, colaboración, pero también de manera proactiva, porque cuando se nos mete la corrupción en el Estado se debilitan las instituciones y cuando se debilitan las instituciones se debilitan las confianzas, y sin confianza, un país no progresa».
«Me alegro que tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el mecanismo a través del cual el Estado defiende sus intereses, que son los intereses de todos los chilenos, haya decidido querellarse en el caso de Democracia Viva y que hoy día también el contralor esté avanzando en la misma dirección», concluyó Boric.
DETALLES DEL INFORME
En el informe, la CGR constató la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, que contenga los mecanismos para su elección, tales como una invitación a participar a diversas entidades privadas mediante llamados públicos, indicando las competencias técnicas y requisitos legales requeridos para llevar a cabo las iniciativas
La asignación de los recursos para la ejecución de los proyectos relacionados con los convenios suscritos entre el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de la Región de Antofagasta, con las respectivas entidades privadas sin fines de lucro, fue de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron, actuación que infringe el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señaló el documento.
En tal sentido, el ente fiscalizador señaló que «para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva a través de tres convenios por un total de $426.000.000, ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios».
Añadió que «se constató que a través de correo electrónico de 12 de julio de 2022, el Seremi Minvu de Antofagasta de la época (Carlos Contreras, quien debió renunciar al cargo), solicitó al Encargado de Planes y Programas de esa repartición, enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones colaboradoras».
Debido a eso, el ente recomendó tanto a la Seremi de Vivienda como al Serviu de Antofagasta «adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios, informando de ello documentadamente en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final».
Asimismo, indicó el comienzo de un sumario en ambas entidades «a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas».
«Se advirtió que la conducta del entonces calidad de Seremi de la Región de Antofagasta, quien intervino en razón de sus funciones, como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la Fundación Democracia Viva y mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de dicha fundación receptora (Daniel Andrade), eventualmente habría vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación; por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación», remarcó.
Y agregó que «lo descrito no se aviene con el artículo 8° de la Carta Fundamental, que indica el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones. Vulnera, además, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.575, en cuanto previene que dicho principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo».
Al momento de suscribir los convenios de transferencias de recursos, tampoco se exigió a la fundación un plan de trabajo, los cuales tienen como objetivo identificar las acciones a ejecutar en el marco del convenio y la cantidad de recursos destinados a ese fin.
Y, además, «en dependencias del Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y su contabilización, algunas de las cuales disponían de acceso al sistema contable SIGFE y otros aplicativos institucionales».
De igual forma, en el Serviu de Antofagasta han trabajado, al menos, tres personas que también fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, detectó la CGR.
«Lo anterior —acotó el documento— da cuenta que cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño por no revestir la calidad de funcionarios públicos».
