Una nueva norma controversial fue aprobada este jueves por el Consejo Constitucional, en medio de la votación del Capítulo II sobre «Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales». Se trata del artículo que permite la exención del pago de contribuciones para vivienda principal, la cual fue impulsada por el Partido Republicano y que ya había causado debate tras ser aprobada en comisión.
De hecho, esta jornada se pensaba que la norma podía ser rechazada ante las dudas que existían en Chile Vamos, pero finalmente el bloque se alineó y sólo tres de sus miembros se abstuvieron ( Gloria Hutt, EVO; Lorena Gallardo, RN; y Edmundo Eluchans, UDI). Así, el artículo logró 30 votos a favor, 17 en contra de la bancada oficialista y las 3 abstenciones de Chile Vamos.
De esta forma, la enmienda quedó así: «El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho».
La propuesta ya había generado polémica tanto en el oficialismo como en la oposición, ya que agrupaciones de alcaldes advirtieron del riesgo de «desfinanciamiento» que su aprobación podría suponer para los municipios. Situación que fue reiterada durante el debate de hoy por el experto de Evópoli Sebastián Soto.
«El plebiscito de diciembre no se va a ganar por medio de estas normas discutibles, que no sólo son cuestionables en lo constitucional, en lo técnico y en lo político, sino que además enervan un acuerdo transversal. El plebiscito de diciembre no se va a ganar con confrontación, polarización y con la lógica amigo y enemigo. Soy de los que cree que el plebiscito de diciembre solo podrá ganarse si hay un pacto político en que la ciudadanía pueda ver que no sólo sus líderes políticos, sino que también los líderes sociales, la élite, está de acuerdo», enfatizó.
«Nadie tiene en esto una varita mágica, nadie sabe cuál es la fórmula del triunfo, pero al menos si me equivoco prefiero equivocarme en un texto de consenso y no con un texto partisano», profundizó.
Junto con esto, se aprobó por la unanimidad de los consejeros el «derecho a la vivienda adecuada», así como los numerales a) y b). El primero señala que «el Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley».
Mientras que el segundo punto indica que «el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial».
