Una nueva masacre con tres muertos en Colombia al tiempo que el Gobierno anunciaba el viernes la captura de dos presuntos autores del brutal asesinato de cinco adolescentes ponen de manifiesto lo enquistada que está la violencia en el país.
Desde el 11 de agosto hasta hoy han sido perpetradas en distintos lugares nueve masacres que dejan 43 muertos, muchos de ellos jóvenes, y crece la sensación entre los colombianos de que se está ante el regreso de las matanzas que enlutaron al país en los años 80 y 90 del siglo pasado, y primeros de este.
«Las masacres habían desaparecido en Colombia como un fenómeno o se habían convertido en algo supremamente poco frecuente, una cosa excepcional», dijo a Efe el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), quien consideró como «un hecho muy grave, muy preocupante» que el país esté hoy «de nuevo en esa situación que fue tan normal en otras épocas».
La novena matanza en menos de tres semanas fue perpetrada el jueves por la noche en una finca de Cañaveral Bajo, en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia (noroeste), hasta donde llegaron varios hombres encapuchados que dispararon contra tres personas, entre ellas un menor de edad, según la Policía, que no ha dado detalles de lo sucedido.
Andes es un pueblo de unos 45.000 habitantes situado en la región suroeste de Antioquia, al igual que Venecia, donde el pasado domingo desconocidos asesinaron a tiros a tres jóvenes.
«Mi solidaridad con el pueblo de Andes, hoy duramente golpeado por la violencia. Conocemos la complejidad de los fenómenos criminales que azotan al suroeste y no vamos a cesar en nuestro empeño de combatirlos», manifestó en Twitter el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
La primera de las masacres que conmocionan al país fue la de cinco jóvenes de entre 14 y 15 años de edad cuyos cadáveres fueron encontrados en una plantación de caña de azúcar en el sector de Llano Verde, en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, crimen que la Fiscalía comenzó a esclarecer hoy.
Según el fiscal general, Francisco Barbosa, las víctimas acudían con frecuencia a comer caña en la plantación «y el día de los hechos los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del cañaduzal observaron a los cinco menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron».
Las víctimas fueron Juan Manuel Montaño, Jean Paul Perlaza, Leyder Cárdenas, Álvaro José Caicedo y Jair Andrés Cortés, todos jóvenes afrodescendientes cuyo sepelio fue un clamor popular por justicia en un país donde la impunidad es más la regla que la excepción.
Barbosa explicó que un equipo de 51 investigadores de la Fiscalía, la Policía y otras entidades oficiales lograron esta madrugada la captura «como presuntos autores de la muerte de estos menores de edad» de Jefferson Marcial Angulo Quiñonez y Juan Carlos Loaiza Ocampo, quienes hacían parte de un grupo de vigilantes de la zona.
El hecho de que cinco jóvenes hayan sido asesinados -cuatro con armas de fuego y uno con arma blanca, según la Fiscalía- por el simple hecho de entrar a una plantación a comer caña, más una travesura de adolescentes que otra cosa, revela el grado de descomposición moral del país, donde la violencia y los homicidios son lamentablemente frecuentes.
«Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, y menos quitarle la vida sencillamente porque ha traspasado el predio para comer caña», manifestó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
El alcalde dijo que espera «que estos villanos, malditos asesinos», reciban de por vida todo el peso de la ley, al tiempo que pidió a las empresas que sean cuidadosas al contratar personal de seguridad ya que los dos capturados tenían antecedentes judiciales y «eran personas no adecuadas para cumplir funciones de vigilancia».
«Invito a los dueños de la tierra a que cuando vayan a pagar la seguridad de una propiedad no contraten empresas informales, que no estén registradas en la Superintendencia de Vigilancia, que no conozcan de dónde proceden, porque estos asesinos habían sido contratados para cuidar esta tierra», añadió Ospina.
Por su parte, el Presidente colombiano, Iván Duque, dijo que con las capturas están «cumpliendo un compromiso con la justicia, un compromiso con las familias que sufrieron el asesinato vil de sus hijos».
Según el Presidente, la investigación no ha terminado y las autoridades siguen buscando a otro implicado en el crimen, el único del que hasta el momento hay algún resultado.
Junto con la masacre de Cali, otra que ha causado enorme conmoción en el país es la de ocho jóvenes, algunos de ellos universitarios, asesinados a tiros el pasado 15 de agosto en una casa de campo en Samaniego, en el departamento de Nariño (suroeste) y por la cual el país sigue reclamando justicia.
«Estamos acá para exigir respuesta a cada uno de los asesinatos y para ver cómo va la investigación», dijo a Efe Yasir Moreno, participante en una manifestación que tuvo lugar este viernes frente a la sede de la Fiscalía en Bogotá.
Al respecto, el senador Cepeda dijo a Efe que las masacres son consecuencia de los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de las FARC y añadió que con estos crímenes se busca crear un clima de terror.
«Lo que vemos es que hay una política de este Gobierno, del Presidente Duque, que ha permitido que esto ocurra porque no ha implementado el acuerdo de paz, porque ha debilitado las posibilidades de acabar con la violencia que estaba francamente reducida después de que se firmó ese acuerdo», aseguró.
Fuente: Emol.com –
