Este martes, a las 15:00 horas, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará la revisión de la ambiciosa reforma tributaria del Gobierno de Gabriel Boric, que incluye un regalía («royalty») a la gran minería del cobre e impuesto a la riqueza.
El Mandatario frenteamplista presentó el viernes la que fue una de sus principales promesas de campaña: una agenda que, en esencia, apunta a que los ricos contribuyan más en un país con una de las tasas más bajas de recaudación en proporción a su patrimonio de todo el bloque de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Solo tres meses en el cargo valieron al Jefe de Estado para construir, pese a la resistencia de la oposición de derecha, una política fiscal con la que busca financiar la amplia agenda de derechos sociales que trae bajo el brazo.
La propuesta busca recaudar el equivalente a un 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años, unos 12.000 millones de dólares, para financiar cerca de la mitad del costo del programa de Gobierno.
Para lograrlo, el Ejecutivo propone diferentes mecanismos, como aumentar el aporte del 3 por ciento de los contribuyentes de mayores ingresos para «avanzar hacia la justicia tributaria»; subir la tasa por ganancia de capital de operaciones bursátiles del 10 por ciento al 22 por ciento, o un impuesto a la riqueza a quienes tengan un patrimonio -en el país o en el exterior- que excedan los 4,9 millones de dólares.
«La idea es partir escuchando la propuesta que el Gobierno ha dado a conocer al país, independiente de que haya ingresado o no el proyecto propiamente tal», adelantó el presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS).
El parlamentario oficialista aseguró que se trata de «una materia tan urgente y necesaria para el país que requiere abordarla con la mayor prontitud».
«Nadie espera que una reforma tributaria tenga una discusión fácil, siempre hay muchos antecedentes que aportar, factores que ponderar y puntos de vista que incorporar. Estamos preparados para eso, no sólo para explicar nuestros proyectos, sino también para escuchar lo que tengan que plantear los parlamentarios», afirmó ayer el ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Mario Marcel.
LAS ADVERTENCIAS DE JP MORGAN
En la víspera, el banco de inversión estadounidense JP Morgan envió ayer un informe a sus clientes analizando la propuesta fiscal y advirtió que «el principal lastre para la recaudación del impuesto sobre la renta, si se compara con las medias de la OCDE, parece estar más relacionado con la relativa reducción de la base de contribuyentes, que no se aborda en esta reforma».
La entidad alertó que la tasa impositiva contemplada para los altos patrimonios «parece relativamente alta, así como la recaudación esperada para un impuesto cuyo control es difícil de aplicar».
Además, sostuvo que la propuesta de desintegración y el impuesto a los dividendos «elevarían significativamente las tasas impositivas efectivas para una amplia gama de accionistas, con un potencial impacto en la inversión».
«ROYALTY»
En conversación, Víctor Fenner, socio adjunto de impuestos de la consultora EY, señaló que «todavía falta el texto definitivo del proyecto, eso puede marcar harto la diferencia, porque puede haber muchos detalles que afecten de forma significativa cualquier proyección que se pueda hacer»; sin embargo, dijo que «en términos de inversión extranjera lo que resulta más preocupante a primera vista es el tema del ‘royalty'».
Según lo explicado por Marcel, con estos cambios, el cobro pretendido a las empresas dedicadas a la minería afectaría sólo a aquellas que tengan una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, estableciendo un «royalty» que tendría dos componentes: el primero es «ad valorem» -basado en el valor del mineral- que oscilará entre tasas efectivas de 1 por ciento y 2 por ciento para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1 por ciento y 4 por ciento para aquellos con más de 200.000 toneladas.
«No tenemos ninguna duda que lo que se pretende aplicar sería una tasa efectiva que podría afectar a los proyectos mineros y que sería excesivamente alta como para que los inversionistas extranjeros se replanteen la idea de invertir en Chile o modificar el modelo de negocios», indicó Fenner.
«Básicamente hay un componente ad valorem que es indiferente al resultado operacional que tenga el proyecto. O sea, (aunque) usted le vaya mal y esté perdiendo dinero, va a tener que pagarlo igual», agregó el consultor.
