La Cámara de Diputados y Diputadas despachó esta tarde el proyecto de ley de reparación para víctimas de femicidio y sus familias, que otorgará una pensión de 160 mil pesos a las hijas y los hijos de víctimas de este delito y también un fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado.
La iniciativa, impulsada por organizaciones feministas como Ni una Menos y la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio, fue aprobada en con una amplia votación a favor y con la abstención del Partido Republicano en su tercer trámite legislativo.
La nueva ley establece la creación de una pensión reparatoria, de cargo fiscal, para las y los hijos de víctimas de femicidio o suicidio femicida, que tendrá un monto de $160.000 y será pagado mensualmente a sus beneficiarios. Se reajustará el 1 de febrero de 2024 de acuerdo al IPC determinado por el INE.
También cubrirá a las víctimas de femicidio frustrado o tentado, estableciendo un fuero laboral hasta por un año, «porque muchas veces madres o padres de las víctimas o sus familias dejan de asistir a las audiencias por tener que cuidar su sustento», explicó Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género.
Asimismo, explicó que la pensión reparatoria está «especialmente dirigida a quienes tienen menos de 18 años. Todos y todas las hijas de víctimas de femicidio que siguen siendo menores de 18 años, pero que sufrieron el asesinato de sus madres desde que se tipificó este delito, es decir, desde la última década».
La norma también dispone la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales a quienes cometan este delito. Y quienes sean reconocidos como víctimas de femicidio accederán a beneficios y programas estatales.
Por otro lado, en el Senado se estableció un plazo de 6 meses para que el Ejecutivo cree el reglamento que regule el pago de esta pensión y la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas. Además, de la definición de víctimas establecidas por la norma.
No obstante, desde la bancada republicana advirtieron que podrían llevar la ley al Tribunal Constitucional, ya que, a su parecer, podría crear un grupo de privilegio.
