La concejala de Osorno, Cecilia Ubilla, denunció el uso irregular de estacionamientos reservados en la vía pública por parte de funcionarios municipales y particulares. Durante el último Concejo Municipal, exigió al alcalde Jaime Bertin y a las direcciones de Control y Tránsito un informe detallado y la eliminación inmediata de estos privilegios, amparándose en dictámenes de la Contraloría.
Durante su intervención, la autoridad comunal expuso que diversos espacios en las calles de la ciudad están siendo ocupados para la comodidad personal de altos funcionarios y de entidades privadas, como la Corporación Cultural. Ubilla enfatizó que la vía pública es un bien nacional de uso público y su utilización debe ser igualitaria, advirtiendo que actualmente los vecinos se ven obligados a buscar estacionamiento, pagar tarifas o exponerse a multas, mientras otros gozan de espacios exclusivos sin justificación legal.
La concejala subrayó que la Contraloría General de la República ha sido categórica y reiterada en su jurisprudencia al señalar que no corresponde reservar estacionamientos en la vía pública para trabajadores del Estado, salvo en casos excepcionales y estrictamente funcionales, tales como el uso de vehículos de emergencia o de patrullajes operativos.
En cumplimiento de su deber fiscalizador, Ubilla solicitó formalmente un pronunciamiento a la Dirección de Control y un informe exhaustivo a la Dirección de Tránsito. Este documento deberá detallar la totalidad de los aparcamientos reservados, diferenciando aquellos utilizados por vehículos de utilidad pública de los usados para fines personales, además de transparentar los que están autorizados por decreto alcaldicio privado, su respectiva señalización y los montos pagados por dicho derecho.
Finalmente, la edil instó al alcalde Jaime Bertin a informar al Concejo los fundamentos legales de las reservas actuales, adoptar medidas inmediatas para eliminar las que no se ajusten a derecho y asegurar que la administración municipal no vuelva a tolerar prácticas consideradas improcedentes por el ente contralor, con el objetivo de resguardar la confianza pública y garantizar el respeto a la ley.
Fuente: Paislobo.
