La funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció al exsubsecretario Manuel Monsalve por presuntos delitos sexuales, fue notificada recientemente de que no recibirá su sueldo correspondiente a junio, luego de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) rechazara tres licencias médicas consecutivas presentadas entre marzo y la fecha.
¿Qué pasó con la denunciante de Monsalve?
La mujer, de 32 años, se encuentra con licencia médica desde octubre de 2024, pocos días antes de ingresar su denuncia en la Fiscalía Centro Norte por hechos ocurridos en el Hotel Panamericano la noche del 22 y la mañana del 23 de septiembre.
Desde entonces, no ha podido retornar a su puesto, ya que no cuenta con alta médica.
El rechazo de su licencia médica
De acuerdo a La Segunda, el rechazo de las licencias fue informado al equipo jurídico que la representa en el ámbito laboral, el mismo que en febrero logró que se acogiera a trámite una medida prejudicial para preparar una eventual tutela de derechos fundamentales contra el Fisco.
Desde la repartición pública se argumentó que el pago de sus honorarios estaba impedido y bajo revisión desde marzo, precisamente por el rechazo de sus permisos médicos.
De no prosperar las apelaciones, la denunciante podría verse obligada a reintegrar montos ya pagados. El Gobierno ha justificado su posición señalando que una autorización irregular podría generar observaciones de la Contraloría General de la República.
Las licencias médicas bajo la lupa en el país
El caso ocurre en medio de un clima de mayor escrutinio sobre el uso de licencias médicas en el sector público, luego de que se detectara un uso fraudulento por parte de más de 25 mil funcionarios, que utilizaron estos permisos para viajar fuera del país.
Según el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), las licencias por trastornos mentales siguen siendo las más frecuentes, representando un 33,1% del total en 2024. La tasa de rechazo en esta área alcanza el 17,8%.
La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, expresó que su representada se encuentra “sumamente afectada” y que el tema está siendo revisado por abogados especializados en materia laboral. Además, reiteró críticas al Estado por el trato que ha recibido la víctima durante la investigación: “El Estado ha requerido su testimonio en nueve ocasiones, lo que va en contra de la normativa que busca evitar la revictimización”, sostuvo.
La próxima instancia clave en el caso será el 18 de julio, fecha en que la Fiscalía tiene previsto realizar la reformalización, momento en que se presentarán los resultados del informe elaborado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la PDI.
