La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó este lunes la facultad de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de requerir información amparada en el secreto bancario sin necesidad de una autorización judicial, una votación que obtuvo abstenciones por parte de parlamentarios opositores.
La iniciativa, enmarcada en el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, busca combatir el crimen organizado de una manera más proactiva, dando las herramientas al director de la UAF para solicitar a diversas entidades -entre ellas a los bancos- la información que esté amparada por el secreto bancario, aunque con los resguardos necesarios para evitar filtraciones.
Pese a las aprehensiones que han manifestado desde la oposición, el texto logró ser aprobado esta jornada en la comisión gracias a los apoyos de los senadores Iván Flores (DC), Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic (PS); además de las abstenciones de José Miguel Durana (UDI) y Manuel José Ossandón (RN).
El avance del proyecto fue destacado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien explicó que «se trata de un procedimiento que efectivamente implica poder levantar el sector bancario sin autorización judicial, pero bajo un conjunto de normas que mantienen el carácter de secreto de la información más allá de los funcionarios que están realizando una investigación específica».
Asimismo, aseguró que estos funcionarios «al mismo tiempo están afecto a sanciones tan graves o superiores a cualquier funcionario bancario que, por ejemplo, divulgara información que tiene ese carácter, cosa que además tampoco ha ocurrido en nuestro país».
«Jamás se ha filtrado información desde la UAF y menos todavía con alguna finalidad política, como se ha planteado en la discusión pública. No hay funcionarios que estén dedicados a observar las compras del supermercado de los clientes bancarios», puntualizó el jefe de la billetera fiscal.
«EL CORAZÓN DEL PROYECTO»
Pese a que no se obtuvo unanimidad en la votación, el presidente de la comisión, el senador Iván Flores (DC), valoró que «estamos avanzando a paso firme en la persecución del crimen organizado, que es lo que nuestro país necesita».
«Todos estamos persiguiendo exactamente lo mismo, y (pese) algunas aprehensiones que en justicia podamos tener, y es legítimo, finalmente van a converger en tener una institucionalidad robusta como la que estamos creando», detalló el parlamentario, que destacó también que «lo que hemos resuelto hoy es terminar de darle forma al corazón del proyecto».
Por su parte, el senador Ossandón explicó que se abstuvo «porque le tengo mucho miedo a esto aplicado con Impuesto Internos u otras instituciones. La UAF es distinta, pero se genera algo (de dudas)».
Asimismo, destacó que se busquen las fórmulas para evitar las filtraciones y los chantajes, por lo que «claramente la norma como ha quedado no tiene nada que ver (con lo anterior), está muchísimo mejor y en eso estoy de acuerdo».
De todas maneras, reiteró que espera «que esto no sirva para otras aplicaciones, porque está bien perseguir al crimen organizado, pero (a veces) te condenan antes de ni siquiera investigarte, sales en la prensa y ya eres culpable, te mataron la vida y a lo mejor no tienes nada que ver en el tema y no te piden ni perdón».
Según destacan desde la comisión, durante esta jornada se pudo aprobar lo que posiblemente era lo más resistido por la oposición, por lo que esperan que las próximas votaciones se pueda encaminar un acuerdo final en la materia.
UAF: EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS SON ALREDEDOR DE CUATRO O CINCO SOLICITUDES QUE SE HAN FORMULADO
Carlos Pavez, director de la UAF, apuntó al respecto de la aprobación de la norma que «no es que en el caso de la UAF se esté demorando mucho, sino que hay conciencia también por parte del mismo poder judicial y los ministros que intervienen de que es necesario solicitar el alzamiento en muchas más oportunidades de las que se está haciendo ahora, para poder avanzar en los procesos de inteligencia y aportar en las investigaciones penales que va a llevar adelante el Ministerio Público».
En esa misma línea, admitió que «en términos de promedio, en los últimos cuatro años son alrededor de cuatro o cinco solicitudes de alzamiento que se han formulado ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago».
