La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Valdivia inició este martes 7 de abril la revisión exhaustiva de 293 solicitudes presentadas por internos de diversas unidades penales de las provincias de Valdivia, Osorno y el Ranco.
La instancia es presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Samuel Muñoz. El comité evaluador analiza las postulaciones enviadas por los tribunales de conducta bajo estrictos criterios de seguridad y reinserción.
El equipo técnico está integrado por los magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Patricia Gallardo y Edmundo Moller, quienes aportan su experiencia en la evaluación de los antecedentes de cada postulante.
Asimismo, participan el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Pablo Yáñez, y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Pablo Álvarez. El grupo sesionará de forma ininterrumpida hasta el próximo viernes 10 de abril.
En términos demográficos, el Complejo Penitenciario de Valdivia lidera las solicitudes con 151 casos. Le sigue el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno con 48 expedientes y el Complejo de Río Bueno con 45.
Por su parte, los Centros de Estudio y Trabajo (CET) de Osorno y Valdivia presentaron 38 y 11 solicitudes respectivamente. Estas unidades se caracterizan por albergar a internos con niveles avanzados de autodisciplina y confianza.
Un hito relevante en este proceso 2026 es la recepción de 13 cartas de víctimas. Estas comunicaciones permiten que quienes sufrieron los delitos presenten sus descargos ante la comisión, asegurando un enfoque de justicia integral y transparente.
La evaluación se rige por la Ley 21.627, vigente desde noviembre pasado, que endurece las exigencias. Se requiere un informe psicosocial obligatorio elaborado por Gendarmería de Chile para determinar los riesgos reales de reincidencia.
Bajo la normativa actual, los condenados a presidio perpetuo que vean rechazada su solicitud no podrán volver a postular hasta el próximo año. Esto busca dar mayor estabilidad a los procesos de vigilancia y seguridad pública.
Finalmente, quienes obtengan el beneficio deberán firmar un compromiso explícito de no hostigamiento hacia las víctimas. Cualquier incumplimiento de esta medida facultará al tribunal para revocar de inmediato la libertad concedida al sujeto.
Fuente: Paislobo.
