La comisión de Constitución del Senado despachó a Sala el proyecto que permite un segundo retiro del 10% tras aprobarlo en general y en particular.
La iniciativa se aprobó en los mismos términos que la despachó la Cámara de Diputados, es decir que sea con acceso universal (sin focalización de los beneficiarios) y sin impuestos para las rentas más altas.
Eso pese al intento de los senadores de RN Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán de establecer límites para quienes pudieran recibir los fondos, como quienes han sufrido una disminución de sus ingresos. Sin embargo, esto fue rechazado por todos los senadores de oposición: Pedro Araya (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Alfonso de Urresti (PS).
A ellos se sumó Luz Ebensperger (UDI) quien rechazó todos los puntos discutidos sobre el proyecto aludiendo a que la iniciativa general es inconstitucional.
Asimismo, la sesión estuvo marcada por el emplazamiento que hizo el legislador Chahuán al Gobierno quien en medio de la discusión anunció el retiro de las 19 indicaciones que presentó acusando una «falta de acción» del Ejecutivo, llamándolo a patrocinar la iniciativa estableciendo un marco de quiénes podrán ser los beneficiarios y el pago de impuestos, entre otros aspectos.
Todo esto, cuando en paralelo se han realizado distintas reuniones entre los ministros de Hacienda, Segpres y Trabajo junto a senadores de oposición y oficialismo en busca de un acuerdo. Según se ha señalado hasta ahora, La Moneda busca presentar un proyecto que fije límites al segundo retiro.
Por otro lado, y pese a la extensa presentación que hizo esta misma mañana ante la comisión el presidente del Banco Central, Mario Marcel, se decidió disminuir el plazo que tendrán las AFPs para entregar los recursos.
«Entonces, el mitigador para esto sería prolongar el plazo de la entrega o permitir entrega parcelada, al menos para los pagos de montos mayores», dijo Marcel aludiendo a que la Cámara de Diputados redujo la entrega a 30 días hábiles y en una sola cuota, a diferencia del primer retiro que se entregó en 60 días y en dos cuotas.
Pese a ello, la comisión de senadores aprobó una indicación del senador Carlos Bianchi (ind) que reduce el plazo a 15 días hábiles. La justificación fue que si el Gobierno acude al Tribunal Constitucional se haría más largo el proceso de promulgación de la normativa, lo que haría que los afiliados al sistema reciban incluso después de diciembre los dineros y los parlamentarios esperan que estén antes de Navidad.
En tanto, pese a que se tramita en paralelo un proyecto que establece el retiro forzoso para quienes tengan deudas por pensiones de alimentos, los senadores de la comisión aprobó una indicación impulsada por las senadoras Ximena Rincón (DC) e Isabel Allende (PS) que obliga la entrega del 10% al alimentante.
También se aprobó que las AFPs «para efectos de realizar la entrega del retiro, no podrán efectuar discriminaciones arbitrarias, especialmente en el caso específico de personas que se sometieron al cambio registral de identidad».
Al final de la sesión, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, anunció una reserva de constitucionalidad en contra del proyecto, debido a que se estarían violando varias normas de la Carta Magna.
«El proyecto del segundo retiro del 10% que impugnamos, infringe a nuestro juicio la Carta Fundamental por tres argumentos. La primera infracción constitucional es al Artículo 127 de la Constitución toda vez que incorpora o aprueba una disposición transitoria implícita en la Carta que no respeta el procedimiento, las formas o los quórum que la Constitución exige para reformar sus capítulos y normas».
Agregó que la «segunda infracción constitucional es al derecho de seguridad social del artículo 19 número 18 (…), lesiona el sistema de seguridad social sin dar alternativas o soluciones, no resolviendo los deberes del Estado e infringiendo las reglas de coordinación de la seguridad social».
«Tercera infracción constitucional es al estatuto de la iniciativa exclusiva legislativa presidencial del articulo 65 inciso 3ro y 4to, número 1 y 6 en relación al mismo 127 de la Constitución. El proyecto infringe el articulo 65 al crear una nueva regla de iniciativa legislativa a los parlamentarios en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado. También infringe al incorporar una nueva regla en materia de iniciativa parlamentaria en materia de tributos, específicamente una exención», finalizó.
Fuente: Emol.com
